Cómodamente instalados en el arquetipo, en el déjate llevar, la opinión publicada da por bueno que la transparencia sea un dogma de fe que deba ser respetado, a rajatabla, amén, por el buen ciudadano. Contradecir la doctrina de la transparencia y sembrar dudas (razonables, sí) se considera una herejía. Ir contra la premisa universal de que la transparencia no debe tener límites condena a los agnósticos a la hoguera, al fuego donde arden los ejércitos de las sombras, la opacidad, el secretismo y otros pecados de casta. Incurrir en el vicio de la disidencia frente a la línea de pensamiento reinante se penaliza, queda feo.
Está mal visto plantear que también la transparencia debe tener unos límites o, ya puestos, considerar que en algunos casos se pasa y en otros se queda corta. Se pasa cuando, como así ha ocurrido, y ocurrirá, en un alarde más cercano a la curiosidad que al control democrático transparentan el patrimonio de los consejeros del Gobierno. Conocer lo que legítima, legal e íntimamente tiene cada cual pinta una figura que bien pudiera bautizarse como allanamiento de morada patrimonial. ¿Por qué debemos conocer lo que tienen por razones profesionales o familiares?, ¿es eso transparencia o streaking?, ¿qué aporta?, ¿es razonable obligarlos a correr desnudos? (ya puestos, ¿por qué no airear sus deudas?). Los profetas bien podrían dejar las anécdotas e incrementar el grado de exigencia en ámbitos sanitarios que sí están pidiendo a gritos que se transparenten los procedimientos o fallos del sistema. Los evangelizadores de la transparencia deberían multiplicarse arrojando luz sobre algunos misterios médicos que rara vez son debidamente aclarados.
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