La interinidad del Gobierno estatal está afectando ya al modo en que se financian las comunidades autónomas, a las que autoriza las operaciones de crédito para financiarse, no con carácter anual, sino cada trimestre. Un modo de proceder que no comparte el viceconsejero de Hacienda del Ejecutivo regional, Luis Padilla, quien subrayó que la circunstancia de encontrarse en funciones el Gobierno central “no debería vincularse” a la financiación que necesitan las autonomías.
En el primer trimestre, el Gobierno canario solicitó un crédito de 120 millones de euros, que el Ministerio de Hacienda permite a interés cero gracias a que Canarias ha cumplido religiosamente el objetivo del déficit público. Para el segundo trimestre de este año, Padilla estima que la Comunidad Autónoma necesitará entre 250 y 350 millones, en iguales condiciones de interés (el año pasado la cifra total fue de mil millones).
En cuanto al déficit público, Padilla estima que finalmente rondará el 0,6% cuando a a finales de mes se disponga de datos más cerrados por ingresos o financiación europea. Porcentaje que en cualquier caso estará por debajo del 0,7%, que ha fijado como tope el Ejecutivo de Rajoy.
En este contexto, la consejera regional de Hacienda, Rosa Dávila, anunció ayer que insistirá ante el Ministerio para compense a Canarias al margen del “estricto” cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por haber cumplido con el objetivo de déficit, “a pesar de ser la comunidad peor financiada por el Estado”. Así lo trasladará Dávila en la reunión prevista para el próximo día 19 con el secretario de Hacienda en funciones, Miguel Ferre, informó Efe.
Anulación judicial del objetivo del déficit autonómico de 2013
El Tribunal Supremo ha invalidado la norma estatal que fijó los objetivos del déficit para 2013 a las comunidades autónomas al no seguir el procedimiento adecuado, que hubiera requerido aprobación del Parlamento, mientras que ha avalado el reparto de 2014-2016, sí refrendado por las Cortes. Una de las recurrentes fue Canarias. No obstante, la medida no tendrá efectos prácticos, según el Ejecutivo regional.
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