Los aniversarios fuerzan el recuerdo de lo inolvidable, bueno o malo. El de hoy, de la proclamación de la Segunda República española, en los tiempos que corren, hace especialmente oportuno evocar lo que, por admirable e inspirador, simbolizaron las llamadas maestras de la República. Mujeres que se implicaron en un sentimiento colectivo de compromiso con la modernización del país mediante el potente instrumento de la educación. Valiéndose de que un democrático nuevo régimen de organización política abría un proceso de rescate de sus derechos como iguales, históricamente cercenados por su condición de mujeres. Y en el que no era necesario pagar el precio de la identificación partidista; se trataba de algo más fundamental y urgente. Con escasísimos medios se empeñaron en apuntalar la incipiente democracia intentando hacer efectivo el universal derecho a la educación basada en valores como la libertad y la igualdad. Un intento brutalmente atajado con las depuraciones y conversiones que siguieron al delictivo golpe de Estado de 1936. La justicia de su recuerdo ha sido exquisitamente impartida por el premiado documental de Pilar Pérez Solano, con textos de Josefina Aldecoa y, entre otros, por el libro editado por Elena Sánchez de Madariaga, con el título del que se vale este texto.
Como decía, en los tiempos que corren, tras casi cuarenta años desde la costosa recuperación de la democracia, no se ha alcanzado la suficiencia de aquellos objetivos. Empezando por el derecho a la educación, lacerado en todos sus niveles. Se desprecia así el principal medio para corregir las desigualdades sistémicas. Es evidente que se ha errado en los modos. Valga el ejemplo del inaceptable número de episodios de violencia machista, y su creciente contagio a las edades más tempranas. Un muy grave síntoma de que las cosas no se están haciendo bien. Por ejemplo, la infrautilización de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que sin duda ha sido uno de los mejores pronunciamientos sobre esta cuestión entre la ingente producción normativa de esta fase democrática. Sus artículos 23 y 24, sobre el papel, imponen a los poderes públicos una eficiente integración del principio de igualdad en la política de educación. Y aunque en la actualidad abundan magníficos profesionales de la enseñanza básica, se les mantiene ajenos a esa responsabilidad de las Administraciones Públicas, que siguen (éstas) sin implicarse con el compromiso y el acierto ahora exigibles. Las legítimas y necesarias respuestas penales y procesales no distraerían a aquellas maestras.
Como la fecha reclama recordar, es obvio que no fue casual que fuesen mujeres; y que no fue casual que fuesen maestras quienes apostaron así por la educación como remedio de las desigualdades. El bajo nivel de cumplimiento institucional a día de hoy ¿va a tener que hacernos pensar que fue causal que su aportación prendiese en un determinado contexto de organización política? Partidismo aparte; esto es más serio.