Zapatero, héroe del “pensamiento líquido”, dijo durante el mandato que le obligó a dimitir que “bajar impuestos es democrático y de izquierdas”. Siguiendo su tesis debiéramos decir que quien no baja impuestos no es demócrata, ni de izquierdas. Me permito añadir que tampoco sería de derechas y menos liberal si a ambos no le concedemos la naturaleza democrática. Argucias mentales al margen, coincido con la tesis de Zapatero ampliada. Cualquier subida de impuestos implica un recorte de libertades, al detraer del ciudadano los bienes que este produce y la libertad asociada. Las subidas no pueden ser infinitas, o sea, tender al 100% de nuestras rentas, porque entonces todos viviríamos del Estado; modelo cuyas catástrofes ya hemos vivido. Hace tiempo que el equilibrio impositivo está roto en España, máxime en la larga crisis arrastrada desde el 2007. En Japón y Estados Unidos, el PIB público está en torno al tercio; en Europa se acerca al 50% y las países del sur lo rebasan; Canarias aún más. Habiéndose superado el límite a partir del cual, según Laffer, las subidas de impuestos reducen recaudación. Lo mismo que decía Montoro, cuando señalaba en el 2000 que “la medida más eficaz para reducir el déficit público es bajar los impuestos”. De manera que los Estados se han acabado convirtiendo en maquinarias que monopolizan la distribución de recursos, contra la responsabilidad de la sociedad civil y del mercado. Sustituyen reglas claras y objetivas por normas, políticas y costes sólo accesibles a los grupos con más recursos y capacidad de lobby y con ello desertizan el tejido empresarial, generando un sistema condenado a crear frustración social e impedir un crecimiento económico más repartido. Un sistema en oferta con regulaciones restrictivas, falta de concurrencia, mercado laboral rígido y grupos de presión extractivos, que siempre penalizan al pequeño emprendedor. Los vemos en la escala de Canarias, en el conflicto de dos formas enfrentadas de ver su desarrollo. Los que nieguen la libertad, la empresa, la seguridad jurídica y abogan por más impuestos. Y los que defendemos lo contrario. Aún apoyan la “tasa turística” de un euro por pernoctación, para recaudar 120 millones de euros. Con el céntimo verde de las gasolinas, para recaudar 8 millones de euros, cuando la gasolina ya recauda casi 300 millones al año. Resuelven el REF fiscal, pero no el económico, el de cobrar, pero no el de repartir y diferenciar así la fiscalidad canaria como RUP. Elevaron el IGIC en 2012, subiéndolo el 40%, y aún no lo han devuelto. Con la Ley del Suelo en trámite inventan tres impuestos nuevos. Actualizan los IBI en tipo y valor. Cargan con el IGIC a las urbanizaciones privadas pero no a las públicas. Y así en los cuatro escalones administrativos, subidas que no paran en impuestos, tasas, cánones, avales, garantías y más. Reaccionar de esta forma a la globalización socava las bases del futuro, cuando es ello la que hoy marca la diferencia. Demonizar lo que llaman “paraísos fiscales” en la globalización es suicida, cuando debieran estar resolviendo los acuerdos de doble imposición y moderando la presión fiscal en nuestros “infiernos fiscales”. Tanto como penalizar las rentas fuera de España, cuando en ellas se soportan las nuevas economías y los obligados procesos de internacionalización. Nuestras insaciables haciendas públicas siguen sin ajustar gasto, unificar mercados y hacer economía de escala. La seguridad, el cambio climático y los impuestos verdes, que venían a liberarnos, se convierten en los mantras de los Gobiernos, para oprimirnos e inventar nuevos impuestos. Sólo el comercio, sostenido en la libertad y la empresa podrán liberarnos. Zoológicamente el inquilino no puede devorar a la presa que lo mantiene vivo.
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