El fraude y la evasión fiscal tienen un alto coste para la sociedad en su conjunto, pues no sólo suponen un agujero en la recaudación de las arcas públicas, sino también en el bolsillo de los contribuyentes, los cuales pagan cada año 2.000 euros más de media en impuestos por este motivo. Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) emitieron ayer un comunicado en el que recordaron a todos los contribuyentes que la factura del fraude fiscal la pagan, paradójicamente, aquellos ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias y nada tienen que ver con este tipo de prácticas.
Precisamente, el fraude y la evasión, unidos a la crisis económica, han lastrado la recaudación fiscal desde 2008 en un total de 253.559 millones de euros acumulados en ese período. Este desplome se ha notado especialmente en el Impuesto de Sociedades, que entre 2007 y 2014 bajó un 58,2% (173.370 millones acumulados en ese período) ante la caída de la actividad económica y las técnicas de ingeniería fiscal que usan las grandes multinacionales, que actualmente tributan a un tipo medio efectivo de alrededor del 6%, cuando el resto de empresas lo hace al 15%.
[su_pullquote]El importe del patrimonio de los españoles en paraísos fiscales supera los 160.000 millones, de los cuales, 144.000 millones estarían ocultos[/su_pullquote]
Esta pérdida recaudatoria se produce, además, en un contexto en el que la presión fiscal en España sigue estando por debajo de la media europea y de las principales potencias económicas vecinas. Según los últimos datos facilitados por la oficina estadística comunitaria Eurostat, relativos al año 2014, en España la presión fiscal es del 34,4% del PIB, frente al 40% de la media de la UE. De hecho, Gestha explica que si la presión fiscal se ajustara a los estándares medios de la UE, España recaudaría al año alrededor de 60.000 millones , una cantidad que mejoraría la situación de las arcas públicas y del sistema de bienestar, permitiendo además recortar el agujero del déficit público que ha superado los objetivos marcados por Bruselas.
En este escenario, los técnicos reclaman al nuevo gobierno que salga de las urnas que ponga en marcha un plan integral, eficaz y realista contra el fraude y la evasión fiscal que permita reducir la elevada e histórica bolsa de economía sumergida que sufre España, que asciende al 24,6% del PIB, o lo que es lo mismo, a 253.000 millones. Las medidas que propone Gestha permitirán recaudar a medio plazo unos 40.000 millones de euros más al año.
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