La Audiencia Provincial ha ratificado las condenas de siete años de inhabilitación por prevaricación impuestas en el caso Varadero al exalcalde del PSOE Macario Benítez; la exedil de Urbanismo Ana Lupe Mora y la exsecretaria del Ayuntamiento de El Rosario Anita Alonso, al dar por hechos probados que los tres se confabularon para que siguiera adelante el plan parcial con el que se pretendía construir cerca de 1.000 viviendas en la costa del municipio, a sabiendas de que el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) protegía los terrenos como rústicos por sus valores ambientales y de que además la Ley de la Moratoria obligaba a suspenderlo.
En sentencia dictada el pasado 13 de junio, la Sección Sexta del citado órgano judicial desestima los recursos que presentaron los condenados contra el fallo del Juzgado Número 5 de lo Penal de Santa Cruz de Tenerife, tras el juicio celebrado en 2015. Se les reconoce, eso sí, el atenuante de dilaciones indebidas del proceso, pero se les mantiene la pena porque era la menor prevista, si bien la Audiencia no atribuye esta tardanza ni al fiscal ni a los jueces instructores, sino a su carga de trabajo, “que casi dobla la media europea y cuadriplica a otros, como Alemania”.
En el caso de la acusación popular, IR-Verdes, no prospera su recurso sobre la absolución de los demás ediles que votaron a favor del plan. “En cambio la Audiencia Provincial sí da la razón a IR-Verdes en que no debe abonar las costas a los absueltos, por lo que en esta sentencia, a diferencia de la de primera instancia, se descarta que hubiera temeridad y mala fe en haber pedido su condena”.
Con respecto a Macario Benítez, la Sección Sexta rechaza su absolución porque como alcalde “sabía” de la “incompatibilidad” del plan de Varadero con el PIOT que se iba a aprobar, y, por tanto, de la “imposibilidad” de seguir tramitándolo. De hecho, según esta sentencia, “omite” en el decreto por el que aprobó en 2014 el plan parcial los informes contrarios que tuvo en la Cotmac en 2002.
Lo mismo argumentan los magistrados sobre Mora, quien, como edil de Urbanismo. “hizo cuanto pudo” para aprobar el plan urbanístico pese a que “sabía que era inejecutable por ser ‘discrepante’ con el PIOT y la Moratoria Turística”, dentro de una actuación “maliciosa” de los condenados.
En lo que atañe a la entonces secretaria, se confirma que “de forma fraudulenta” avaló la vigencia del plan de Varadero antes que el PIOT, con “un ilícito acuerdo de voluntades” entre ella y los entonces alcalde y edil de Urbanismo, “a fin de contravenir la normativa, acordando una declaración de un silencio administrativo imposible”. Enfatiza la Audiencia que los tres condenados se aprovecharon “de la buena fe” del Gobierno canario al pedir, vía fax, que el plan parcial no se tratara en la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac) en 2002, paralizándolo, sabedores de que iba a ser rechazado, para luego darle curso “en fraude” de ley en el Ayuntamiento rosariero.
UNA ILEGALIDAD ANUNCIADA
El plan parcial fue promovido por el empresario Amador Díaz, en una franja costera entre Tabaiba y Barranco Hondo que constituye una ladera volcánica con barrancos que va desde la cumbre hasta el mar. La ilegalidad fue advertida desde la aprobación del plan parcial -año 2004-en numerosos plenos del Ayuntamiento por el entonces líder de la oposición, Escolástico Gil, de IR- Verdes, hoy alcalde de El Rosario. De no ser por su intervención, Varadero se hubiera urbanizado ilegalmente, pese a constituir un espacio protegido en el PIOT por sus valores medioambientales.
Eran los tiempos del boom del cemento, y algunos, pero pocos, políticos -como los de IR-Verdes- se atrevían a denunciar una situación que años después estallaría en forma de escándalos de corrupción urbanística por toda España, coincidiendo además con la crisis económica, lo que provocó un descrédito de la política y de las instituciones públicas. Un fenómeno que tuvo en El Rosario un caso de libro.
Macario Benítez, en 2007, llegó a mentir en este periódico, cuando, ya saltado el escándalo en el verano de ese año, a raíz de las noticias publicadas por este diario en referencia a que la urbanización seguía adelante en el Plan General aprobado por la Cotmac, pese a haber sentencias judiciales en contra, aseguró en una entrevista que no había mandado en 2002 ningún fax a la Cotmac para pedir la paralización del expediente. Y ello pese a que el periodista llevaba en su mochila copia fehaciente de ese documento.
Fue también IR-Verdes el que, antes de la vía penal, había llevado el caso a la contencioso-administrativa. En esta jurisdicción todos los jueces lo tuvieron claro (lo mismo que en la penal), y dictaron una cadena de resoluciones contrarias a esta operación urbanística. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó un auto firme en 2005 contra el plan. El entonces gobierno local presidido por Macario Benítez y el promotor recurrieron el PIOT, y perdieron los litigios. El TSJC anuló en 2007 la aprobación del plan parcial por el Ayuntamiento, tras recurso de IR-Verdes. Amador Díaz recurrió y el Supremo ratificó el fallo en 2011.
Cuando los luego condenados dieron carta blanca al plan parcial en 2004, este tenía ya un reguero de informes en contra, que escondieron al pleno del Ayuntamiento. En 2002, en la Cotmac, uno del Servicio de Carreteras del Cabildo, otro de la Dirección General del Territorio del Gobierno canario (por el PIOT y la Ley de la Moratoria) y un tercero de la Consejería regional de Turismo, por este último motivo. En 2003, además, otro informe del Cabildo veía “incompatible” con el PIOT urbanizar esta zona.
También la arquitecta municipal había prevenido de la citada situación jurídica, en sendos informes que se habían omitido del expediente hasta que este periódico, por un desliz de Macario Benítez durante la citada entrevista en el verano de 2007, y posteriores indagaciones propias, tiró del hilo y divulgó la existencia de dichos documentos.
INCÓGNITAS ABIERTAS
Las incógnitas que quedarán abiertas en este caso tienen que ver con el papel que, en determinados momentos del expediente administrativo del plan de Varadero, desempeñaron la Cotmac y el Cabildo de Tenerife (organismo que precisamente protegió desde 2001 este paraje), ya que no evitaron que el Plan General de El Rosario se aprobara en diciembre de 2006 y en mayo de 2007 con tamaña ilegalidad dentro, incluso cuando ya el TSJC había dictado dos sentencias que dejaban claro que esta franja costera no se podía urbanizar porque prevalecía el PIOT. Hasta al fiscal, durante el juicio celebrado el pasado año, le llamó poderosamente la atención la “aquiescencia” de estos organismos públicos.
Solo con la llegada de Miguel Angel Pulido a la viceconsejería de Ordenación del Territorio en el verano de 2007, la Cotmac volvería a sus orígenes en este expediente, osea, a cumplir con su función de velar por la legalidad, ratificando lo que había dicho en 2002: que urbanizar Varadero era ilegal.
Macario Benítez, que ostentó durante más de tres décadas el bastón de mando en el municipio, renunció a volver a ser candidato en las elecciones locales de 2015, aunque tampoco hubiera podido serlo, en aplicación del nuevo código ético del PSOE, por su condición de acusado. A Ana Lupe Mora el PSOE la declaró candidata no idónea por este mismo motivo, de modo que decidió fundar un partido propio para presentarse a las municipales. Y volvió a ser elegida concejal. Pero tuvo que dejar la política tras ser condenada.
Varadero es ya historia, caso cerrado. Pero aparte del nombre de una causa judicial de corrupción urbanística, es un hermoso paraje cuya protección está “plenamente justificada”, como llegó a enfatizar una sentencia del TSJC, de esas que, durante un tiempo, extrañamente pasaron desapercibidas para la Cotmac y el Cabildo de Tenerife.
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