El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales (CC), ha decidido no acudir al Parlamento canario, que le había requerido su comparecencia, a petición del PP, para explicar la deficiente gestión del agua potable puesta de manifiesto en un informe del Tribunal de Cuentas del Estado, según el cual, entre Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife, las fugas de agua en las redes públicas ocasionaron pérdidas de 142,5 millones de euros entre los años 2007 y 2011, al tiempo que detectó anomalías e irregularidades administrativas en contratación de obras y suministros.
La Comisión parlamentaria de Cabildos, ante la que debía comparecer Morales, comenzó este jueves, tal cual estaba programada, y fue entonces cuando la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, leyó en su iPad un escrito, aún no registrado hasta ese momento en la Cámara, pero salido de la institución insular, en el que el mandatario asegura que no concurrían los requisitos del artículo 31 del reglamento parlamentario para acudir, puesto que el asunto era competencia de los municipios.
Para avalar su decisión, Morales alega que la comisión jurídica de la Federación Canaria de Islas (Fecai), órgano que representa a los siete cabildos, “considera no procedente la comparecencia, so pena de poner en cuestión la autonomía de los cabildos”. Por lo que, según esa regla de tres, este criterio se extrapolaría también a Tenerife y Lanzarote.
Al escuchar la razón de la inasistencia, montó en cólera la diputada del PP -y también consejera del Cabildo majorero-, Agueda Montelongo, solicitante de la comparecencia: “Esto es muy grave, no tiene nombre. No se puede permitir que se nos intente callar, silenciar”.
Tras conocerse el informe del Tribunal de Cuentas, en marzo pasado Montelongo ya había bautizado este asunto -en el pleno del Parlamento- como “el escándalo del agua” y añadió que en su isla “todos lo sabían, pero se tapaba”, y por eso el PP decidió recurrir a esta órgano fiscalizador estatal , al tiempo que entonces anunció que buscaría depurar “responsabilidades políticas y legales”.
Durante la comisión de este jueves, Natividad Arnáiz (Podemos) tachó lo ocurrido de “falta de respeto” a los diputados, al no ser comunicada con al menos de un día de antelación la incomparecencia. Además, abogó por que en sede parlamentaria se den explicaciones sobre un “tema bastante grave, porque son bastantes millones de euros perdidos” en agua no utilizada.
El portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, se preguntó “qué sentido tiene poner en el orden del día asuntos que no estén contrastados sobre su procedencia, ya que entonces todos quedamos en entredicho”.
José Miguel Ruano (CC), acusó a Montelongo de hacer un “uso indebido” de su condición de diputada, pues, coincidiendo con la argumentación de Morales, este tema debía tratarlo en su Cabildo, por lo que reclamó “un pronunciamiento específico de la Mesa” del Parlamento sobre el comportamiento de la representante del PP.
El diputado nacionalista aseguró además que el Parlamento ya había tratado en noviembre de 2015 el informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre la cuestión de marras, pero Montelongo le intentó corregir al indicarle que ella se refería al informe del Tribunal de Cuentas al respecto, al tiempo que replicó que su petición de comparecencia de ayer había sido dada por buena por la Mesa de la Cámara.
Según los auditores estatales, las pérdidas de agua en Fuerteventura representaron el 37% de media del agua producida, lo que supuso pérdidas de casi 26 millones en cinco años.
En el caso de Tenerife, solo en doce municipios, el coste del líquido elemento perdido ascendió a más de 91 millones de euros en un lustro, a razón de más de 18 millones cada año (repartidos entre Santa Cruz, La Laguna, El Rosario, Tacoronte, El Sauzal,La Victoria, Santa Úrsula, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Icod de los Vinos, Güímar, Arico y Adeje).
El Tribunal de Cuentas analizó no sólo la gestión de los ayuntamientos con el agua potable sino también la de los Consejos Insulares de Aguas, dependendientes de los cabildos, en sus contrataciones de obras y servicios, y descubrió algunos incumplimientos de la legislación de contratos públicos, aunque sin advertir responsabilidades contables.
En la comisión parlamentaria de este jueves, Montelongo aludió al diputado de CC Mario Cabrera, presente en la sesión, y dijo que “este señor es quien tendría que dar explicaciones, pues fue el anterior presidente del Cabildo de Fuerteventura”.
En marzo pasado, en declaraciones a este diario, Cabrera, en nombre de CC, acusó al PP de haber encargado “con claro interés político” esa auditoria del Tribunal de Cuentas del Estado, para “descalificar” este servicio “ sólo allí donde no gobernaban” los populares en el periodo analizado (2007-2011), es decir, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.
Aunque Cabrera, que presidió el Cabildo majorero de 2003 a 2015, no negó entonces el problema detectado por el órgano fiscalizador -las pérdidas de agua– sí rechaza con contundencia que se trate de un “escándalo” con relevancia incluso penal, como ha sostenido el PP. Y puso de relieve que el Tribunal de Cuentas no ha visto responsabilidades penales en las irregularidades detectadas en las contrataciones de ayuntamientos y cabildos.
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