De la nueva Ley del Suelo de Canarias. Vuelvo esta semana a valorar en sentido favorable la iniciativa estrella del nuevo Gobierno y su proyecto de ley, si bien reflexivo y propositivo ante las mejoras que precisa. Sorpresa ante la posición contraria de los sectores inmovilistas, que coinciden con segmentos sociales inclinados hoy hacia el populismo. Canarias ha ido adoptando una cultura bastante extendida, donde se entiende que el gestor de casi todo debe ser la Administración, máxime en el suelo, donde los agentes propios son vistos como cuerpos extraños. El suelo está sobrecargado de tal nivel de obligaciones administrativas y económicas que gestionarlo se ha convertido en una proeza. Canarias es la autonomía española donde más complejo y caro resulta gestionar el suelo, componente clave de casi todas las actividades sobre el territorio.
Las posturas básicas respecto a la Ley del Suelo son dos: la de los “inmovilistas” y la de los “emprendedores”. Para entender ambas posturas aclaramos las tres operaciones que, obligadas por la legislación europea y nacional, hace la Ley: asignar competencias únicas por escalón administrativo, cumplir con la liberalización de servicios de la conocida Directiva Bolkenstein, e integrar el trámite ambiental con el urbanístico, para evitar repeticiones. Para que nuestro lector lo entienda, al incumplir estas obligaciones legales, se crea la maraña y se bloquean las tramitaciones. De hecho, los inmovilistas entienden el bloqueo de la Ley actual como un elemento a mantener para que nada se haga. Claro está que sus efectos los paga la economía, el paro y la emigración. El suelo como factor estratégico debe ser gestionado con seguridad jurídica, sencillez, costes y plazos razonables, conocimiento y fin social.
Realizado lo principal correctamente, la Ley adolece en su desarrollo de algunos errores conceptuales corregibles en fase posterior, y opuestos a su propia filosofía. Penaliza la existencia de los suelos urbanizables y urbanos con un triple mecanismo, al restarles flexibilidad exigiendo a priori reparcelar y urbanizar, cuando no es necesario. Elevando en un 60%, del 10% al 16% las cesiones obligatorias del suelo urbanizable y sobrecargarlos con un impuesto ambiental, que difícilmente pasará el corte del Consejo Consultivo, dada su dudosa constitucionalidad y la superación del límite máximo de la Ley Básica. De igual forma, se carga a las modificaciones menores con estudios ambientales reiterativos, que no son necesarios. No es de recibo que se aspire a Región RUP y régimen REF y el propio Gobierno canario incremente las cargas sobre el suelo y rigidice su gestión. La Ley del Suelo de Galicia se acaba de aprobar, con más sencillez, flexibilidad y menos costes que la canaria y no es RUP ni tiene REF. Grave error.
Esta circunstancia no es neutra y refleja muchas de las incoherencias del marco canario, no sólo con el suelo. Todos los nuevos cambios normativos vienen multiplicando las cargas, tasas e impuestos y rigidizando innecesariamente la gestión. Ello va desertizando el ya complicado tejido empresarial canario, concentrando la iniciativa en menos operadores más grandes, generalmente no locales y de mayor peso, para poder defenderse del monstruo público, que precisa cada vez más recursos para mantener una Administración claramente sobredimensionada e ineficiente.
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