Nos encontramos tras el 26-J ante partidos cerrados a la realidad, a la vida, prisioneros de las ambiciones de poder de un conjunto de dirigentes que han decidido anteponer al bienestar general del pueblo su bienestar propio. Se pierde la conexión con la sociedad y, en última instancia, cuando no hay más proyecto que la propia permanencia, el centro de interés se situará en lo que denominamos control-dominio que, además de ser la garantía de supervivencia de quienes así conciben la vida partidaria, constituye una de las formas menos democráticas de ejercicio político. La autoridad moral se derrumba, la gente termina por desconectar de los políticos, se pierde la iniciativa, el proyecto se vacía y la organización ordinariamente se vuelve autista, sin capacidad para discernir las necesidades y preocupaciones colectivas de la gente, sin capacidad para detectar los intereses del pueblo. Por el contrario, una organización pegada a la realidad, que atiende preferente y eficazmente a los bienes que la sociedad demanda y que permitiría probablemente hacerla mejor, es capaz de aglutinar las voluntades y de concitar las energías de la propia sociedad. Estos partidos, así configurados y dirigidos, atienden a los ámbitos de convivencia y colaboración y escuchan sinceramente las propuestas y aspiraciones colectivas convirtiéndose en centro de las aspiraciones de una mayoría social y en perseguidor incansable del bien de todos. Por eso, es menester dar mayor contenido al mandato constitucional del artículo 6 acerca de la organización y funcionamiento democrático de los partidos. Por ejemplo, convendría redactar este precepto de la Constitución refiriendo algunos principios como el de participación de la militancia en la elección de los candidatos a cargos electos, el de elección directa de la militancia de los cargos directivos del partido, el de duración temporal de los cargos directivos del partido, el de consulta con la militancia de los asuntos que afectan a la sustancia del ideario del partido, el de contratación externa de la gestión económica y contable del partido, el de establecimiento de un comité de vigilancia ética compuesto por personalidades relevantes de la vida pública de reconocido prestigio sin filiación partidaria , el de financiación preferencial a cargo de las cuotas de los militantes, el de gratuidad del desempeño de los cargos en las direcciones, o el de sometimiento completo a la Ley de Transparencia especialmente en materia de contratos y de selección de personal. Ojala que tras el 26-J las cosas cambien de verdad, porque ya estamos cansados de esa monserga lampedusiana del cambiémoslo todo para que no cambie nada. De lo contrario, el populismo y la demagogia se instalarán inevitablemente entre nosotros.
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