Lleva 25 años al frente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (AGATE), que esta semana lo ha reelegido como presidente. Pedro Molina ha sido y es una de las voces históricas del sector agropecuario en Canarias. En esta entrevista afirma que aplaude el anteproyecto de Ley del Suelo en cuanto que “quita a los ganaderos dificultades que siempre han puesto las leyes vigentes” a su actividad, aunque aclara que no entra a valorar si en otros aspectos la iniciativa legislativa del Gobierno regional puede o no ser negativa.
-Se encamina ya a tres décadas liderando Agate. ¿Han cambiado en este tiempo mucho las peticiones de los ganaderos? ¿Cuáles son los retos a día de hoy?
“En 1992 se cambió nuestra forma de relacionarnos con la UE, pues hasta ese momento, desde 1955, habíamos tenido un statu quo. En 1991 entró en vigor el Posei, llamado entonces Poseican, que creó diferencias entre distintas formas de abastecimiento a Canarias: una de la comunidad internacional sin derecho a cobrar ayudas, pero sin pagar arbitrios insulares a la entrada de mercancías y que estuvieran dentro de 70 productos recogidos en el Tratado de Roma de 1959; otra era con productos de la UE, con subvenciones y ayudas a la importación, y una tercera con mercado local con ayudas; las tres las consideramos completamente distintas. Desde que se creó Agate hasta ahora, las reivindicaciones han variado muy poco. Nos dimos cuenta de que se creaban diferencias entre las tres formas de abastecimiento y no hemos conseguido que ningún Gobierno en Canarias en todos esos años haya cambiado o modificado de forma sustancial esas diferencias. Eso sí, hay un cambio de actitud en el actual Gobierno canario, que hace una semana tomó el acuerdo de quitar ayudas a los quesos tipo manchegos, y el anterior de Paulino Rivero aumentó las ayudas a los cereales. Pero el reglamento de aplicación que tiene el Posei no lo ha cambiado absolutamente nadie”.
-En el Parlamento canario se oye hablar mucho del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), de reducir las ayudas a la importación y aumentarlas a la producción local, aunque la duda es si se garantiza el abastecimiento y a unos precios razonables…
“Nosotros nunca hemos pedido que se ayude más a la producción local que a la importación. Lo que planteamos es que el daño que causa la importación sea atendido por los mismos que lo causan. El REA es una medida del Posei, que no es otra cosa que el seguimiento de ese régimen desde que se formó el mercado común y se crearon esas ayudas a la exportación desde terceros países”.
-Importamos el 90% de lo que comemos en Canarias. ¿La ganadería local estaría en condiciones de poder abastecer una cantidad mayor de lo que consumimos si se crean condiciones adecuadas?
“No podemos producir todo lo que consumimos. Porque desde 1955 hasta 1992 hemos tenido un régimen de restituciones que invalidaban la producción local. En 1955 se nos demostró que no había que producir carne aquí, sino que era más fácil traerla subvencionada de Europa, como los quesos. Y eso hizo bajar muchísimo la cabaña ganadera: en los años 50 había en Tenerife 52.000 vacas, hoy solo hay 7.000 en toda Canarias. Pero no reivindicamos una autarquía, porque la realidad es que solo para los cereales necesitaríamos 5.000 kilómetros cuadrados, pero no hay tantos libres en Canarias si quitamos las montañas y las carreteras. Por lo que sí peleamos es por que las tres formas que tenemos de abastecernos tengan las mismas oportunidades. Y que sean los consumidores quienes decidan lo que consumen. Hoy los productores locales no reivindicamos el consumo de productos canarios para ver si podemos vivir. No, es porque estamos convencidos de que se mejora la vida en las Islas si se produce aquí: la vida económica y la salud de la vida. Importamos millones y millones de kilos de carne de países donde se permiten harinas cárnicas”.
-Pero, ¿dónde reside esa desigualdad que usted denuncia?
“No estamos en el mismo punto de salida con lo importado si un kilo de carne de vacuno, solomillo, paga siete euros de impuestos pero en el REA el arancel es cero. Un importador trae carne de ternero desde la Península y cobra a los 30 días la ayuda; un productor de aquí cobra una ayuda inferior, y debe esperar al 30 de junio de cada año. Eso es una descompensación. Y las grandes superficies no compran carne aquí, y no sé por qué, pues los precios no son diferentes”.
-El Gobierno canario ha justificado en parte su anteproyecto de la Ley del Suelo por la necesidad de quitar trabas burocráticas a la agricultura y la ganadería… Aunque esa ley recibe críticas también porque abre a otros usos el suelo rústico y sus procedimientos excepcionales para permitir actuaciones no planificadas… ¿Qué opina de esa iniciativa?
“No soy experto en la Ley del Suelo. Pero sí sé que las leyes actuales son dificultativas. A la Comunidad Autónoma le han dado una cuerda muy larga, libre de nudos hace 30 años, y cada consejero de Política Territorial ha ido haciendo una ley, un nudo, y no hay más cuerda ni caben más nudos ni nadie los puede soltar. Durante muchos años, en el Gobierno se han sentado dos consejeros y no se han dado cuenta de que lo que el de Empleo exige el otro lo prohíbe. Cuando un presidente del Gobierno, como Fernando Clavijo, nos ofrece una ley que nos parece que nos quita esas dificultades legales que hemos tenido siempre, pues aplaudimos esa iniciativa en ese sentido. Pero no somos conscientes de si en los 500 artículos de esa futura ley hay otros aspectos negativos”.
-¿Su histórica batalla por los suelos agrícolas y ganaderos de La Laguna está ganada?
“Creo que se ha respetado el resultado de toda aquella lucha en la que participamos muchas personas y Agate. Y para ese trazado de Vía Exterior que consumía más de un millón de metros cuadrados, ha sido el propio Ayuntamiento de La Laguna el que ha propuesto evitar ese daño”.
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