Solo un malvado rechazaría la posibilidad de que una sociedad alcance la paz tras décadas de guerra fraticida, con un saldo de decenas de miles de muertos y desaparecidos, mas millones de desplazados. Pero el “Acuerdo de Paz” entre el Gobierno colombiano del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tiene poco de acuerdo y mucho de sumisión de un Estado soberano a una agrupación terrorista con métodos semejantes a los del Daesh.
Es que, sin minimizar los abusos de Fuerzas Armadas colombianas, paramilitares, mercenarios contratados por empresarios, y miembros de carteles de la droga, las FARC logran ahora el estatus de fuerza política al concedérseles bancas parlamentarias sin lograrlas con votos, y se justifica su lucha armada en un supuesto derecho a la rebelión, pese a haber cometido crímenes de Lesa Humanidad: toma de rehenes y su uso como escudos humanos o monedas de cambio; violación y esclavización de mujeres; reclutamiento de niños; “Impuestos Revolucionarios”; expropiación de tierras; tráfico de drogas y armas, o ejecuciones individuales y colectivas tras juicios “revolucionarios”.
Si a ello sumamos que “mediador” y sede de negociaciones fueron la Cuba otrora instigadora de las fuerzas terroristas que pulularon por décadas en Latinoamérica, mas un texto que parece escrito por Fidel Castro, aún cuando algunos miembros de las FARC acepten ser juzgados, otros se pasarán al Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas colombianas quedarán con las manos atadas, ante el riesgo de que estos se declaren de las FARC y acusen al Gobierno de violar el mentado “Acuerdo” que, según lo firmado, el vencido ha acabado siendo el orden constitucional y el pueblo pero no los asesinos, por lo que no sorprenden las encuestas que vaticinan un rechazo social contundente, pues a pocos convence esta dudosa paz.
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