Mañana empieza la campaña contra la explotación laboral en Canarias. Más de 1.300 inspecciones en empresas, sobre todo del sector servicios, para vigilar que se cumplan las jornadas laborales pactadas, que los trabajadores estén de alta en la Seguridad Social y detectar los falsos empleos a tiempo parcial. Es el fin de las llamadas horas extra sin la remuneración correspondiente. Hasta ahí, perfecto. Diario de Avisos ya publicó un reportaje en este sentido. Toda labor institucional que fomente la calidad en el empleo siempre es bienvenida. Ahora bien, ¿cuál es el interés del Gobierno de anunciar a bombo y platillo ésta inspección? Hasta donde yo sé, las inspecciones, por regla general, se mantienen en secreto. A la consejería de Empleo solo le ha faltado decir la hora y las empresas a las que van acudir los inspectores. De hecho, hoy mismo presentó, con foto y todp, a los 32 que han venido de la Península a reforzar esta campaña (con foto incluida). El problema de todo esto es siempre el mismo y es que, mayoritariamente, se actúa sobre las empresas legalmente establecidas, no sobre aquellas que se enmarcan en la ilegalidad. Puedo entender que hay más dificultad en encontrar aquellas empresas ilegales, pero lo que no me parece justo es que para cumplir con las estadísticas acudan una y otra vez contra aquellos empresarios que cumplen con las normas y buscan los detalles más nimios para sancionar y engordar las estadísticas. La economía sumergida es un auténtico agujero negro para cualquier economía, especialmente para la Canaria. Pero haciendo este tipo de inspecciones no creo que se reduzca el desempleo. Jürgen Donges, uno de los cinco economistas de Merkel, dice en una entrevista que hoy publica DIARIO DE AVISOS, que las prestaciones por desempleo deben irse reduciendo a medida que pasa el tiempo y que deben estar vinculadas a la búsqueda activa de empleo, porque lo contrario, pervierte el sistema y, además, acomoda al empleado a no buscar un trabajo. En Canarias, además, se da el caso de que ese empleado se buscará algún cáncamo fuera de la legalidad favoreciendo entonces la economía sumergida. Tampoco estaría mal que estos inspectores acudieran a cabildos y ayuntamientos porque se encontraría con que muchos, sobre todo a la hora de desayunar o del cigarrillo, no están en su puesto de trabajo. Incluso más de uno vuelve con alguna bolsa de algún comercio. Y a ellos no se les sanciona. El absentismo laboral y la economía sumergida van de la misma mano. Y de la misma manera que hay que sancionar a aquellos empresarios que no acatan las normas y se acomodan en la ilegalidad al tiempo que explotan a sus trabajadores, también hay que hacer esfuerzos, por parte de la administración, para erradicar la economía sumergida y el absentismo laboral, sobre todo en los organismos públicos. Por el momento habrá que aguantar la campaña. Y no será porque todos están avisados…
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