El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tenía un “flagrante” interés en elevar la tasación de los terrenos del frente de playa de Las Teresitas que compró en 2001 a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, según una declaración como perito del apoderado de la compañía Sociedad de Tasación en la vista oral del juicio. Para intentar demostrarlo aportó un anexo a la valoración efectuada por la Sociedad de Tasación en la que se proponía como valor alternativo de los terrenos unos 18 millones de euros, cantidad que coincide con la del informe de la exarquitecta municipal Pía Oramas. Sin embargo, las defensas cuestionaron la veracidad de dicho anexo, que sale a la luz transcurrido hace 15 años. Hay quien sostuvo que tan inesperada aparición pudiera estar relacionada con el posible temor de la Sociedad de Tasación a que sea condenada solidariamente en este caso si finalmente prosperan las tesis de la Fiscalía.
Fue la gran sorpresa de la jornada de ayer por cuanto es la primera vez que se tiene noticia del citado documento anexo desde que supuestamente se realizó. El juicio se reanudó con la fase pericial en una sesión en la que era esperada la presencia de Oramas, pero de la que fue protagonista otro de los trece peritos, el apoderado de Sociedad de Tasación, José Luis Estevas.
Tanto Oramas como Estevas concluyen en esos 18 millones de euros al utilizar los mismos parámetros (que rechazan las defensas) y que entienden condicionado al aprovechamiento hotelero de las parcelas del frente de playa por cuestiones como el deslinde marítimo terrestre, las cesiones de aprovechamiento, la moratoria turística, la consolidación del suelo o la modificación del plan general. Sin embargo, Estevas sostuvo la tesis de que supuestas presiones del Ayuntamiento pudieron forzar a la Sociedad de Tasación a calcular sin considerar esos condicionantes, y fijó el valor de los terrenos en 45 millones de euros, considerando el 100% del aprovechamiento.
Pero -y ahí la gran sorpresa de ayer- Estevas dice que en el informe que entregó al Ayuntamiento introdujo un anexo en el que se precisaba que con los condicionantes el valor bajaba a 18 millones, si bien tal anexo no figura en la copia del informe de tasación que remitió al juzgado el Ayuntamiento de Santa Cruz. Por decisión del tribunal, el anexo quedó incorporado a la causa, pese a las protestas de las defensas, que alegaban indefensión e incluso dudas sobre su autenticidad, como queda expuesto.
Previamente, declaró Pía Oramas, cuyo informe no fue finalmente incorporado al expediente de compraventa de los terrenos, por los que el Ayuntamiento pagó unos 52 millones de euros, lo que finalmente llevó a la anulación de la operación por el Tribunal Supremo.
En un primer momento, en marzo de 2001, el Ayuntamiento pretendió que Pía Oramas realizara el informe de un día para otro, lo cual no hizo porque era imposible en tan breve tiempo. Eso provocó, según sostuvo, “el enfado” del entonces concejal de urbanismo, Manuel Parejo, que es de “carácter irascible”, relató la arquitecta.
Finalmente, hizo el informe a la semana siguiente, pero no habría sido del agrado de sus superiores, según su exposición, toda vez que, en su versión, preferían que se valoraran los terrenos sin condicionantes, como si el aprovechamiento urbanístico fuera del 100%.
Una sala insuficiente ante el pasotismo de la Dirección General
La presencia de los trece peritos previstos para la sesión de ayer y que se repetirá hoy y presumiblemente mañana dejó a las claras la insuficiencia de medios de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife. La Audiencia provincial hizo lo posible por evitar escenas como las que nos ocupan, pero la Dirección General de Justicia del Gobierno de Canarias ignoró su solicitud al respecto. En el recuadro Pía Oramas, que en su declaración de ayer recordó que alertó sobre la posibilidad de que esos terrenos que se compraron a los empresarios en 2011 fueran en parte propiedad del ayuntamiento.