La exarquitecta municipal Pía Oramas reconoció ayer, a preguntas de los abogados defensores, que los terrenos adquiridos por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la playa de Las Teresitas allá por 2001 valdrían unos 58 millones de euros si no estuvieran condicionados urbanísticamente. Oramas entiende que tales condicionantes, que grosso modo son el deslinde marítimo-terrestre y la moratoria turística, sí que estaban vigentes, por lo que su informe finalmente los tasó en unos 19 millones. Estas declaraciones de la entonces técnico municipal se produjeron durante la sesión de ayer del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por el llamado caso Las Teresitas, en el que se juzga a 13 personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.
Este reconocimiento por parte de Pía Oramas, que no deja de ser de sentido común, adquiere importancia por cuanto las defensas plantean el juicio sobre si tales condicionantes estaban vigentes o no cuando se produjo la operación. A este respecto, ayer no fueron pocos los esfuerzos en tal sentido para señalar que el momento que se debe tener en cuenta es el de la sentencia del Supremo de 1998, que coincide en el tiempo con la compra de los terrenos por parte de Inversiones Las Teresitas (Antonio Plasencia e Ignacio González Martín). Ello tiene su importancia, por cuanto en ese entonces no existía la categoría de suelo urbano no consolidado. Así se consideraba esos terrenos en 2001, cuando el Ayuntamiento compra los terrenos, y (tal y como recordó ayer Oramas) difícilmente se podrían catalogar los hoteles previstos como urbanos si se parte de tal categoría y, por ende, no habrían entrado en las excepciones previstas por la moratoria, como así argumentan las defensas.
El otro foco de interés, según informa la agencia EFE, fue que Pía Oramas explicó que el 29 de diciembre de 2000 a ella y a la también arquitecta municipal Ana Zurita se les notificó la apertura de un expediente de información reservado, trámite previo a un expediente disciplinario, por haberse pronunciado en una reunión convocada en el Cabildo de Tenerife con la consejera de Planificación Mónica Méndez, lo que tenían prohibido. El abogado de la acusación José Pérez Ventura solicitó que se incluyese este expediente en la documentación del juicio, a lo que el letrado de Manuel Parejo argumentó indefensión por no haberlo citado antes Oramas e incluso amagó con la posible recusación de la perito por mostrar “enemistad manifiesta”. Finalmente, el tribunal admitió que el expediente se añadiese al sumario.
El presidente de la Audiencia califica las Urgencias como “un infierno”
El presidente de la Audiencia Provincial, Joaquín Astor Landete, que por mor de idéntico cargo en su Sección Segunda preside este juicio, se disculpó ayer por la suspensión de las dos jornadas previstas para el final de la semana pasada. El aplazamiento se produjo por un motivo de salud que llevó a Astor hasta las Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, episodio que fue descrito por el magistrado como “un viaje a los infiernos; los tinerfeños no se merecen esto”.
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