Por María Fresno / A. M. S.
Las diferencias de criterios sobre el reparto de las partidas de empleo pertenecientes al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) bloquean de momento una solución final. Ayer se reunieron todas las partes y quedaron citadas para el lunes, una cumbre en la que puede firmarse la paz o agravarse el conflicto. Esto último se debe a que, además del contencioso sobre las políticas de empleo, existe malestar en algunas islas e instituciones sobre la selección de proyectos de infraestructuras, que representan el 75% del Fdcan. Los cabildos y el Ejecutivo regional chocan por el capítulo de empleo, ya que los primeros reclaman la gestión de los fondos, mientras la Consejería del ramo, en manos de la vicepresidenta Patricia Hernández (PSOE), defiende la titularidad de la competencia a través del Servicio Canario de Empleo (SCE). “Todos estamos de acuerdo, salvo los cabildos”, declaró el director general de Coordinación y Apoyo Técnico de la Vicepresidencia, Antonio Olivera. “Es decir, los ayuntamientos, sindicatos, patronal y universidades coincidimos en que la competencia es del SCE. Solo los cabildos insisten en ser ellos los gestores en el marco de los convenios generales del fondo. El lunes trataremos de cerrar un acuerdo, que todavía plantea dificultades”.
Las corporaciones insulares, según explicó el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, que asistió al encuentro en ausencia del titular de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Casimiro Curbelo, proponen que la inversión en empleo se realice a través de los consejos insulares, donde están representados el SCE, los ayuntamientos, los agentes sociales y los propios cabildos. En este sentido, la Consejería de Empleo prefiere que estas políticas se realicen mediante convenios específicos con cada cabildo y no mediante uno general entre el Gobierno canario y las corporaciones insulares.
Algo más de dos horas duró ayer la reunión entre todas las partes para establecer los criterios de reparto de los 32 millones de euros correspondientes a los programas de empleo incluidos en el Fdcan. Se han dado más tiempo para intentar llegar a una fórmula de consenso. Para ello, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó ayer la ampliación de 45 a 60 días del plazo para la selección de los programas y proyectos a financiar por el Fdcan, con lo que, desde ayer, disponen de 15 días extras para cerrar el convenio y el método de asignación de fondos.
En la reunión del Comité de Seguimiento prevista para el próximo lunes y previa al Consejo de Gobierno, lo que se aprobará entonces será el mecanismo del reparto de los porcentajes de cada eje, es decir, el 20% para empleo, a través de un convenio; el 75% para infraestructuras, siguiendo el modelo de la triple paridad; y el 5% para I+D+i en base a la inversión media de la Comunidad entre 2011 y 2017, pero, en principio, no la designación de los proyectos. Este tenso debate sobre la competencia de las políticas de empleo entre el SCE y los cabildos ha empantanado la marcha del Fdcan, un fondo de 160 millones de euros anuales que se dota con los ingresos procedentes de un impuesto ya desaparecido, el IGTE.
El Fdcan contempla un ámbito temporal de 10 años, lo que eleva la suma total prevista a 1.600 millones de euros.

