El inhabilitado José Alberto González Reverón, alcalde de Arona desde marzo de 2003 a noviembre de 2012, ha pensado que llegado este punto (ya tiene 12,5 años de condena para no ejercer cargo o empleo público y le esperan otros 35 por el grueso del caso Arona 1) lo mejor es reconocer, a su manera, los hechos, que para él no tienen la consideración de delito, aunque sí los recoge el Código Penal. Durante la sesión de ayer esgrimió que “lo único que pretendía era dar trabajo a los vecinos de un municipio que entonces estaba en exclusión social, cerca de la pobreza”, manifestó ante una expresión de sorpresa de su nuevo letrado, César Calleja Sánchez-Taiz.
Reverón negó ayer en el juicio oral en la última pieza separada del caso Arona 1 que tuviera intención de favorecer a Nicanor Valentín Ruiz, uno de los aspirantes en la prueba de oposición de la Policía Local en 2008, y explicó que los comentarios que aparecen en una grabación telefónica pidiendo a Hortensia García “tirar para arriba la nota” fueron en “plan broma”. Nicanor, agente interino y residente en el municipio, finalmente alcanzó la décima y última posición, gracias entre otras razones a un punto de dos posibles en la prueba de inglés, cuando su nivel “era bajísimo, muy bajo”, reconoció después la profesora de inglés como testigo.
Para demostrar su falta de influencia en esas oposiciones, el exalcalde recordó que recibió una llamada del entonces presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, interesándose por su sobrina, candidata a una de las plazas, y que también le llamó el actual alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, para interesarse por dos amigos que se presentaban. Ninguna de esas tres personas aprobó las oposiciones, como tampoco lo hizo el hijo del entonces concejal Manuel Reverón, quien por otra parte se retiró del proceso de selección de tribunal por ese motivo.
La exsubinspectora de la Policía Local Hortensia García acompaña al exalcalde en el banquillo de los acusados, y se enfrenta a una pena de 8 años de inhabilitación para cargo y empleo público, por supuestamente amañar aquel el proceso selectivo de policías.
La acusada reconoció que se le puso un punto en inglés al opositor por el que preguntaba Reverón para “acabar con las tonterías y continuas llamadas del alcalde”, que quería que salieran en las oposiciones vecinos de Arona.
Para el exalcalde nacionalista, el ser de Arona y no tener trabajo eran condiciones suficientes para saltarse, según la fiscal, el proceso de selección e igualdad y lograr empleo para distintos vecinos de su municipio en las diferentes empresas concesionarias, como la de mantenimiento y jardines, o recomendar a Carlos Enrique Morales, por dar el perfil, para trabajar en la Cámara de Comercio en Los Cristianos.
Reverón, eso sí, negó que tuviera cualquier tipo de influencia en los seis asuntos que se juzgan en esta pieza separada, escudándose además en que siempre actuó con la intención de obtener información sobre los distintos procesos selectivos o para ayudar a personas que se encontraban en una situación “desesperada”.
Hortensia García, defendida por Juan Manuel del Torco, insistió en que “el proceso de oposición fue exquisito” y los diferentes testigos que pasaron por la sala, como la profesora de inglés o el propio policía Nicanor Valentín Ruiz, apuntaron a esa misma versión, que deja las pruebas contra la subinspectora en entredicho, pese a las contradicciones de la profesora.
Otras cinco causas
Otros hechos por los que se juzga a González Reverón son el supuesto intento de favorecer la legalización de la vivienda del concejal Manuel Reverón en Buzanada, tras pagar este 150.000 euros de multa a la Apmun; por haber “enchufado” a nueve personas, seis de ellas en la empresa concesionaria del servicio de limpieza y jardines y una en la Cámara de Comercio (Carlos Enrique Morales); por favorecer a un amigo de su hijo haciendo que la guardería municipal concediera plaza a una niña que incumplía los requisitos, al estar los padres separados y no trabajar entonces la madre de la pequeña, y la quinta, por pretender que un vecino (José Ramón García Martínez) pagara hasta 32 multas de tráfico cometidas en Cabo Blanco, donde aparcaba enfrente de su empresa sin tener señal de carga y descarga. “No se quitó ninguna, porque unas las pagó y otras prescribieron”, dijo el exalcalde.
A Manuel Reverón se le multó porque su vivienda estaba construida en suelo rústico no urbanizable -“La única de 36 casas”, dijo el testigo-, una consideración que varió con la aprobación del PGO en 2006, pero dos años después el Cabildo comenzó a tramitar el PIOT, que volvía a modificar la calificación de ese suelo. Fue entonces cuando el alcalde se puso en contacto con la consejera insular Pino de León, ayer testigo, al existir “contradicciones” entre el PGO y el Plan Parcial. De León negó que hablase con el exalcalde, pues el Cabildo “no aborda problemas individuales”, y solo reconoció que le dijo que presentase las alegaciones, pero que nunca se sintió influenciada.
En el caso de la Cámara de Comercio, el exalcalde afirmó que llamó a la persona que finalmente obtuvo la plaza después de que presentase su solicitud, y que también habló con el entonces director general de la Cámara -porque este aspirante tenía un “buen perfil”- quien negó que fuera amañado el proceso y el opositor (Carlos Enrique Morales) negó que le exigieran afiliarse a CC. Hoy en el juicio tocan escuchas.
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