Rivero afea a Clavijo que los poderes económicos “aplaudan a rabiar” la Ley del Suelo

El proyecto de la Ley del Suelo que ha impulsado Fernando Clavijo (CC) choca frontalmente con las ideas políticas y el pensamiento ideológico de Paulino Rivero, presidente del Gobierno regional entre 2007 y 2015 por el mismo partido. En su primera comparecencia pública tras abandonar el cargo, Rivero enmendó la iniciativa durante una mesa redonda celebrada el jueves en Lanzarote a instancias de la Fundación César Manrique. Días antes de que el Parlamento debata las propuestas de devolución presentadas por Podemos y Nueva Canarias, Rivero opinó que, tal como está, la ley “no refuerza la cohesión de Canarias, sino todo lo contrario, al dispersar, desintegrar, lo que es un proyecto común para el Archipiélago”. En el espacio que compartió con el líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, y el expresidente del Cabildo conejero Enrique Pérez Parrilla (PSOE), alertó de que “no protege especialmente el paisaje”, porque promueve el desarrollo del suelo rústico.

En medio de la tensión que ha hecho tambalear el Ejecutivo que conforman CC y el PSOE, una circunstancia que contrasta con la estabilidad que caracterizó los cuatro años en los que él lo dirigió junto al socialista José Miguel Pérez, Paulino Rivero arguyó que “una ley que es aplaudida a rabiar por los poderes económicos no puede ser buena para la sociedad canaria” y se preguntó por qué esta “no ha calado” en la ciudadanía. Recordó que, en sus tiempos de mandatario autonómico, “ninguna norma” había sido tan jaleada por las patronales.

Rivero se declaró un “ferviente defensor del control público de los sectores estratégicos, aquellos donde no esté garantizada la competencia”. Entre ellos, mencionó el transporte, el agua, la energía y el territorio. “La apuesta que hace esta Ley del Suelo es totalmente ultraliberal”, recalcó.

Si bien no desdeñó la aportación de la construcción, en combinación con el turismo, al crecimiento económico de las Islas, Rivero auguró que la “excesiva” importancia que se le pretende otorgar ahora “lastrará el futuro” de Canarias.

A pesar de su condición de “municipalista convencido”, de sus críticas tampoco escapó la renuncia de competencias en favor de las corporaciones locales.