
En enero de este año, la Gerencia Municipal de Urbanismo reactivó los expedientes por el desarrollo de actividades clandestinas en la montaña de Taco, en la que, según denunció Sí se puede, se vienen realizando desde vertidos ilegales de escombros, pasando por el de aguas residuales o la quema de productos inflamables, con todo lo que eso conlleva para la salud de los vecinos. Así lo expuso el edil Pedro Fernández Arcila en la comisión de control municipal celebrada ayer, y en la que interpeló al concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, sobre las acciones que el Ayuntamiento está llevando a cabo para restituir la legalidad.
Garcinuño recordó que es la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias la responsable de fiscalizar los vertidos que allí se realicen. “Nosotros solo tenemos competencia sobre las actividades clandestinas”, señaló el edil. “La única empresa con autorización es una machacadora, que la obtuvo en 2005. En 2013 se abrió expediente por tener varias instalaciones sin licencia”, añadió. Según Garcinuño, se les ordenó la legalización y se procedió a iniciar un proceso sancionador que finalmente se dio por caducado en 2015. Fue en enero cuando se ha retomado la labor fiscalizadora. “Estamos ante un problema de indisciplina urbanística y el Ayuntamiento no hace nada para solucionarlo”, concluyó Arcila.




