El servicio municipal de grúas de La Laguna, gestionado por la empresa Autogrúas Poli, acumulaba a fecha de septiembre de 2015 una deuda de 715.215 euros, que fueron asumidos en su totalidad por el actual propietario de la empresa, José Luis Tacoronte, quien, además, capitalizó la empresa mediante un préstamo de 240.000 euros.
Este es de uno de los datos que se extraen de los expedientes facilitados a los grupos municipales en la primera reunión de trabajo de la comisión especial de estudio sobre la gestión del servicio municipal de grúas, la pasada semana.
Una deuda de más de 700.000 euros a la que parece que no ayudó mucho el préstamo de 120.000 euros que hizo el Ayuntamiento a la empresa en mayo de 2014, tras asumir la gestión del servicio a principios de ese año, a pesar del informe en contra del interventor municipal y que, a juicio del portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, era “demoledor”. “Dice textualmente que el préstamo carece de incoación por el órgano municipal correspondiente, de fundamentación jurídica y que, además, carece de cobertura legal. Y a pesar de eso se levantaron los reparos y se siguió el procedimiento”.
Ascanio apuntó que “una de las cosas sorprendentes es que el motivo fundamental para levantar el reparo a este informe del interventor, que es muy contundente para mí, es un informe jurídico de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna (ULL)”, que el alcalde en aquel entonces, el actual presidente regional Fernando Clavijo, “usó como su servicio jurídico de referencia siempre que había alguna polémica”. Un equipo en el que, según denunció, siempre firman los informes las dos mismas personas, que por “casualidad” tienen a familiares directos trabajando en el Ayuntamiento.
CÁLCULO IMPRUDENTE
Esta complicada situación económica se venía arrastrando desde hace años, porque cuando se decidió privatizar el servicio se contabilizó una media de 12.400 servicios anuales para que fuera rentable, pero “en ningún año se alcanzó esa cifra”. “Dijeron que se hizo un un análisis en base a una realidad que luego cambió con la llegada del tranvía, la peatonalización del casco, la aplicación de los vados en algunos sitios… Pero todo esto más o menos se veía venir, porque la concesión podía ser de hasta 30 años y se tiene que hacer una previsión. Desde nuestro punto de vista, hicieron un cálculo imprudente, con una realidad que no se cumple”, añadió Ascanio.
En agosto de 2014 se acababa el periodo de concesión a Autogrúas Poli y los interventores del servicio apuntaron, en un informe de junio, que el reequilibrio del servicio y de la entidad no podría lograrse antes de esa fecha y que “deberá estudiarse la procedencia de la continuidad de la prestación del servicio en régimen de concesión administrativa”. A pesar de eso, el Ayuntamiento decidió prorrogar el servicio a la misma empresa por otros cinco años.
A juicio de Ascanio, la privatización del servicio, que se empezó a gestionar en 2003 y se formalizó en 2005, “no benefició en nada” al municipio. “Es más, hay un audio de José Padilla (el primer propietario) donde dice que una de las veces que contrató a una persona sin consultar al alcalde, le dijo que no se le ocurriera volver a contratar a nadie sin consultarle a él previamente, y eso no se le puede pedir a una empresa privada. Y al final todo señala que el interés en la privatización era para aumentar esa plantilla y con gente vinculada a quienes en ese momento gobernaban en La Laguna, que eran CC y PP”.
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