Cual avestruz, los cinco concejales de Coalición Canaria (CC) escondieron ayer sus cabezas bajo la tierra para no afrontar la realidad durante el pleno ordinario del Ayuntamiento de Candelaria, justo en los puntos en los que se trataba la posible revocación de las delegaciones de dos de ellos y la retirada de sus sueldos.
Los cinco concejales nacionalistas de Candelaria abandonaron el pleno en el segundo punto del orden del día, en la dación de cuentas sobre la retirada de delegaciones a dos de ellos, Vaitiare Rodríguez y Romén Mantecón, así como en el siguiente punto con la posterior votación de la moción del grupo de gobierno (PSOE-CC) sobre la retirada de sus dedicaciones exclusivas y retribuciones salariales, que salió adelante con los votos a favor de los socialistas, la abstención de Sí Se Puede y en contra del Partido Popular y Vecinos por Candelaria. Estos votaban de esa manera: que dos ediles pudieran seguir cobrando sin ejercer cargo alguno.
En esa misma propuesta de retirada de sueldo entraba la socialista Silvia García, quien a título personal declinó seguir cobrando 22.000 euros (50% de tiempo parcial) para dedicarse a sus tareas de psicología, aunque continúa como concejal de Juventud.
Toda la oposición criticó la ausencia de los ediles de CC y no dudaron en calificar de “cobardes” a los tres nacionalistas que se mantienen en el grupo de gobierno por no dar la cara ante sus compañeros y ausentarse “para no mojarse”, dijeron tanto Juan Olivera (PP), José Fernando Gómez (Vecinos por Candelaria) y Mayca Coello (Sí se puede). La alcaldesa del municipio, Mari Brito, justificó la medida explicando que los dos concejales nacionalistas incumplieron en el pleno del día 26 de octubre el acuerdo tomado sobre Bajo la Cuesta en el pacto de gobierno y debatido durante el año y medio que lleva el proceso. La alcaldesa terminó por desalojar a un vecino de Bajo la Cuesta, al que secundaron varios compañeros al grito de “golfa”, mientras comenzó una gran pitada en el exterior del Ayuntamiento. Al reanudarse la sesión, fue creciendo la presencia policial en el salón de plenos (porque todavía quedaban algunas mociones sobre Bajo la Cuesta por debatir). Terminado el debate y votación sobre las retribuciones, regresaron cuatro de los cinco concejales nacionalistas (Juan Carlos Armas, Carlos Sabina, Johana Guanche y Romén Mantecón). Vaitiare Rodríguez, que nunca rectificó su postura en el anterior pleno, al contrario de lo que hizo Mantecón, ya no regresó más.
La sesión entró entonces en un remanso de paz, al abordarse otras mociones menos calientes, pero de gran calado para la población, como las tarifas del agua o el saneamiento, o el nuevo concurso para el alumbrado público, que pasará de costar 200.000 euros a 700.000 anuales, al menos el primer año, hasta que se recupere la inversión con el supuesto ahorro energético.
Luego vinieron las propuestas de la oposición -que, como casi siempre, fueron rechazadas por el grupo de gobierno-, como la accesibilidad en los parques infantiles, la campaña para promover el juego limpio en el deporte (ya se realiza, dijo Manuel González, edil del área) y actuaciones para reparar el mal estado de la playa artificial de Punta Larga, por ser competencia de Costas.
Más Bajo la Cuesta
Pero la polémica de Bajo la Cuesta regresó al pleno con una moción de Sí se puede, defendida por Mayca Coello, en la que exigía “responsabilidades políticas y responsabilidad patrimonial de las personas implicadas, en el caso de que se determinara que los costes generados por el desalojo derivaran de la ineficiente gestión administrativa, y debieran ser asumidos con dinero público”. Recordó que “el deber de conservación y mantenimiento del talud de Bajo la Cuesta se ha incumplido por sus propietarios durante décadas” y estando acreditada la inactividad municipal “al no haberse dictado órdenes de ejecución hasta hace un año”.
Sí se puede considera que “si en un desalojo anterior de los vecinos de Bajo la Cuesta para obras en la autopista, la empresa adjudicataria realojó a todas las personas que lo necesitaron en casas de alquiler mientras duraron las obras, ello constituye un precedente a estudiar para reclamar una indemnización por parte de las empresas propietarias del talud”.
Coello cifró los gastos del realojo de los vecinos en más de 100.000 euros para las arcas municipales y alertó de que en Servicios Sociales “ya hay otras personas que han perdido su alquiler y que piden las mismas ayudas”, algo que corroboró Olivia Pérez, edil de Servicios Sociales, para defender la emergencia de las ayudas y el procedimiento que se ha seguido. La moción fue rechazada, al igual que la que propuso finalmente José Fernando Gómez (VxC) -volvieron a ausentarse los cuatro ediles de CC-, en la que se emplazaba a la alcaldesa, al ser la única con esa potestad, a reintegrar a los dos concejales de CC (Rodríguez y Mantecón) en sus puestos, aunque el mismo Gómez sabía que no prosperaría, porque “sus propios compañeros de CC se ausentan para no defenderles”, mientras la alcaldesa siguió desalojando a personas del pleno al regresar los insultos, entre ellas, a Carina Dainotto, exconcejal del Partido Popular.
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