La plataforma Canarias por un Territorio Sostenible, principal foro ciudadano contrario al proyecto de Ley del Suelo, ha presentado ante el Parlamento autonómico sus propuestas de enmiendas a esta reforma legislativa que promueve el Gobierno canario, dentro del plazo de participación ciudadana habilitado por la Cámara.
Entre los principales cambios que reclama este colectivo en el texto a trámite parlamentario destaca que el control de la legalidad de los planes insulares y general -incluyendo la evaluación ambiental estratégica- siga en manos del Gobierno canario, y que no se derogue la Ley de Directrices, como norma que pretende un desarrollo sostenible de Canarias.
El documento de enmiendas, elaborado por el jurista y político Santiago Pérez, lo firman cerca de 70 personas, entre ellos dirigentes sindicales y políticos (entre ellos de PSOE, IUC, NC), profesores y profesionales de diversas disciplinas , ecologistas y representantes de colectivos ciudadanos.
En sus enmiendas sostienen que el proyecto de ley “regula en contra del medio ambiente y de una economía sostenible, debilitará los controles de legalidad, la protección de recursos naturales no renovables y supone una renuncia del Gobierno canario a las competencias que le atribuye el Estatuto de Autonomía”.
La plataforma plantea dos opciones: que la aprobación definitiva del planeamiento corresponda al Gobierno canario, que, en tal caso, solo podría denegarla por razones de legalidad, o, de no aceptarse esta enmienda, que la Administración autonómica emita “informe preceptivo y vinculante sobre la legalidad” del plan y su adecuación a la Ley de Directrices y a las cuestiones sectoriales de competencia regional que pudieran resultar afectadas. En el caso de los planes generales, el Cabildo también deberá emitir un informe preceptivo y vinculado sobre su adecuación al plan insular de ordenación.
Otras enmiendas atañen a los nuevos procedimientos extraordinarios que permitirán autorizar proyectos públicos y privados no previstos en el planeamiento, con su declaración como de interés insular o autonómico, posibilidad que la plataforma tacha de “ataque directo a la autonomía local”.
También advierten los firmantes de que se legitima con tales proyectos la potestad para expropiaciones a particulares por “un mero acto discrecional” de la autoridad administrativa, al no ser actuaciones planificadas, lo cual “vulnera las garantías constitucionales del derecho de propiedad”. En este apartado, reivindican la supresión del artículo que permite que proyectos no planificados “puedan ejecutase en cualquier clase de suelo” con su mera declaración de interés público.
Asimismo, Canarias, por un Territorio Sostenible propone que las ordenanzas insulares o municipales provisionales de ordenación, instrumento de nueva creación, no puedan recalificar suelo (el proyecto de ley ya prohíbe reclasificarlo con este procedimiento) y que se sometan a evaluación ambiental e información pública.
Entre los suscribientes de las enmiendas cabe mecionar además de a Santiago Pérez, que es profesor de Derecho Constitucional en la ULL y concejal de Xtf-NC en La Laguna, a Wolfredo Wildpret ( catedrático emérito de Botánica en la ULL y Premio Canarias), Gustavo Santana (secretario general de UGT en Canarias), Carmelo Jorge (secretario general regional de CC.OO), Ramón Trujillo (coordinar general IUC), Ramón Rodríguez (secretario general de USO), Federico Aguilera (catedrático de Economía Aplicada en la ULL) y Gloria Gutiérrez (abogada y exdiputada del PSOE).
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