Los polígonos industriales están mal vistos por algunos ayuntamientos. De hecho, hay algunos que no quieren ni un centímetro de suelo industrial. Sin embargo, quien profundiza en esa ignorancia no se da cuenta de que son precisamente estos espacios los que generan más desarrollo económico y empleo en un municipio. Localidades como Güímar, Candelaria y Arafo, sobre todo éste último, sustentan buena parte de su presupuesto en los impuestos y tasas que cobran a las empresas instaladas en el Polígono, pero no se ponen de acuerdo en su mantenimiento. Cuando un polígono se urbaniza, es decir, se finaliza la obra y parcelación se entrega al ayuntamiento para que éste se haga cargo del mantenimiento y conservación de las vías, jardinería, luminarias, seguridad, etc. Lo mismo que ocurre con cualquier promoción de viviendas. Sin embargo, con estos espacios, los ayuntamientos se lavan las manos y lejos de contribuir a su mantenimiento, solo se limitan a cobrar sus impuesto (IBI, IAE, licencias de obras…). Esto es lo que ocurre exactamente en polígonos como La Campana, que pertenece a El Rosario, o el de Güímar que pertenece a tres ayuntamientos distintos y de distinto color político. Los empresarios están dispuestos a crear, tal y como dispone la normativa, los denominados entes de conservación, formados por la corporación local y los empresarios para costear, de manera conjunta, los gastos, pero las corporaciones locales no están por labor. Su intención es que sean los propios empresarios quienes paguen los costes de conservación y hasta la seguridad privada, tal y como ocurre ahora en Güímar. Hace unas semanas se celebró en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife unas jornadas sobre este asunto y quedó patente las diferencias existentes entre los ayuntamientos y los empresarios sobre quién tiene que hacerse cargo del mantenimiento de estos espacios. Los propios ayuntamientos fueron incapaces de decir cuánto ganan exactamente por el cobro de los impuestos a estos empresarios, y si parte de eso que se cobra se podría revertir en el mantenimiento de los polígonos. Casos como éste son la prueba clara de la calidad de los políticos que existen en esta Isla, incapaces de ponerse de acuerdo en algo que supondrá desarrollo y empleo para el municipio que gestionan. San Miguel, por ejemplo, tiene clara su apuesta por Las Chafiras. Su problema, ahora, es otro: el tráfico, pero son conscientes de que el corazón del municipio reside en ese espacio industrial.
Los gestores de los ayuntamientos suelen tender a pensar que los votos se consiguen resolviendo los problemas sociales del municipio. No van mal encaminados. Ahí tienen que estar. Pero hay una cosa de la que se olvidan. Las empresas que están en los espacios industriales, además de generar empleo para el municipio, generan desarrollo económico y consumo. Y esto también es importante. Y también da votos.