La suma de los votos del PP y el PSOE a favor del nuevo Estatuto de Canarias se sobrepuso a las críticas de Unidos Podemos y de Ciudadanos (C’s) para permitir que se inicie la tramitación en el Congreso de un texto que avanza en el régimen competencial sin vulnerar el marco constitucional. En el hemiciclo del Congreso se distinguieron claramente dos sectores: a favor del Estatuto, PP, PSOE, Nueva Canarias (NC), Coalición Canaria (CC) y PNV; y en contra, Unidos Podemos y Ciudadanos.
Retirada la reforma en 2007 por el acuerdo entre el Partido Popular y Coalición Canaria, lo que apartó al Archipiélago de la oleada de reformas estatutarias de segunda generación de otras autonomías, el Congreso ha recibido la propuesta del Parlamento de Canarias. El anterior Gobierno regional, entonces presidido por Paulino Rivero (CC), inició unas negociaciones que ha concluido el Ejecutivo actual, presidido por Fernando Clavijo (CC), presente en el Congreso junto a su vicepresidenta, la dirigente socialista Patricia Hernández. En la tribuna de invitados estaban también, entre otros representantes, la presidenta del Parlamento autonómico, Carolina Darias (PSOE), y los líderes del PP y NC, Asier Antona y Román Rodríguez, respectivamente. Todos ellos, previas fotos en la escalinata del Congreso, asistieron a un debate que comenzaron los representantes de los partidos que lo aprobaron en Canarias: José Miguel Ruano, de Coalición Canaria (CC-PNC), e Iñaki Lavandera, del Partido Socialista.
Ambos firmaron un discurso muy parecido, aunque con algunos matices: Ruano agradeció al PP que se haya sumado al acuerdo gracias a las reuniones celebradas en las últimas horas en el Ministerio de Presidencia con el secretario de Estado de Relaciones con las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro. Lo que busca el nuevo Estatuto, que puede experimentar cambios a partir de ahora, es dar a los canarios “herramientas” para perfeccionar el autogobierno y favorecer el desarrollo económico y social tras casi 30 años de vigencia del texto estatutario actual. Porque hay que mejorar el “encaje de Canarias en España como región singular y lejana”, estatus reconocido por la UE al considerar las islas región “ultraperiférica”, mediante un nuevo estatuto con proyección de 20 o 25 años. La diputada de CC en el Congreso, Ana Oramas, incidió en las nuevas competencias (costas, transporte marítimo, servicio aéreo insular o control fitosanitario) y en los derechos que se blindan: lucha contra la violencia machista o memoria histórica.
Lavandera destacó “el reto” que supone actualizar el Estatuto de Canarias por cuanto amplía competencias y protege los derechos sociales (también ha recalcado la eliminación de los aforamientos, pero solo vinculado a lo que se derive de su actividad).
El diputado socialista en el Congreso por Las Palmas Sebastián Franquis abogó por propiciar la tramitación del Estatuto para que los grupos hablen y acuerden cambios, incluidos los que votaran en contra de la toma en consideración o se abstuvieran. A favor se posicionaron igualmente Nueva Canarias y el PP, aunque los dos deslizaron algunos peros. Pedro Quevedo, diputado de NC, cuestionó el sistema electoral de las Islas, que hace que el 83% de la población (la residente en Gran Canaria y Tenerife) elija al 50% de los escaños autonómicos, el mismo porcentaje que elige el 17% restante (los habitantes de La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote). El diputado del PP por Santa Cruz de Tenerife Pablo Matos criticó que las negociaciones llevadas a cabo en Canarias no se caracterizaran precisamente por la “voluntad de cohesión política”.
Reproches más duros procedieron de Ciudadanos, cuya diputada por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, censuró que las reclamaciones competenciales “anulen al Estado” en las Islas. “Se aparca la reforma electoral, se trocea la administración de Justicia, mantiene el aforamiento y socava la autonomía local”.
Y Unidos Podemos, a través de Meri Pita, de Las Palmas, puso el acento en el “antidemocrático” sistema electoral, en la baja cuantía de los sueldos y de las pensiones o en los índices de pobreza.
Pactos cruzados entre dos posturas enfrentadas tras 20 meses de espera
El proyecto de reforma del Estatuto de Canarias comienza su andadura 20 meses después de su llegada a la Carrera de San Jerónimo, en abril de 2015. La propuesta había sido aprobada por el PSOE y Coalición Canaria, con el voto en contra del PP y la abstención de Nueva Canarias. Los pactos cruzados facilitaron el entendimiento.