Desde que el pasado mes de octubre la primera ministra británica, Theresa May, anunciara que el Gobierno iba a poner límites a su mercado laboral restringiendo la contratación de trabajadores extranjeros saltaron todas las alarmas. “Nos tenemos que asegurar de que la gente que viene cubre huecos en el mercado laboral, en lugar de quitar trabajos que pueden hacer los británicos”, dijo en el congreso del Partido Conservador en Birmingham.
En realidad ésta es una idea que se repitió constantemente por los partidarios del Brexit y que, ahora, parece que empieza a tomar forma. De hecho, la comunidad británica está esperando con ansia la comparecencia de la primera ministra del próximo martes en la que explicará cuál será su estrategia negociadora para la salida del país de la Unión Europea (UE).
Entre las ideas que tiene May para limitar el acceso de trabajadores comunitarios al mercado laboral británico está la de obligar a las empresas a hacer listados con los empleados foráneos para controlar qué parte de la plantilla representan. Además, el Ejecutivo británico destinará unos 158,7 millones de euros a poner barreras fiscales a las empresas que contraten a comunitarios y beneficiará a las que contraten a nativos. De hecho, el pasado miércoles, el secretario de Estado de Inmigración, Robert Goodwill, anunció que está barajando cobrar algún impuesto (unos 1.500 euros anuales) a aquellas empresas que tengan en su plantilla a trabajadores europeos.
Lo peor, es que el Gobierno pretende ampliar esta medida al número de estudiantes extranjeros que llegan al país para “evitar” que se queden en el país tras acabar sus estudios.
En este contexto, desde Europa ya se ha advertido a Reino Unido que, bajo estas condiciones, “no va a tener un Brexit a su medida” y que Londres tendrá que aceptar las cuatro libertades de la Unión Europea: circulación de personas, mercancías, capitales y servicios.
Así las cosas y a la espera de que en marzo comience a negociarse ese famoso artículo 50 que fijará la salida del Reino Unido de la UE, los extranjeros que trabajan en Inglaterra están preocupados. Karl McLaughlin, ciudadano inglés que residió durante años en Tenerife explicó a este periódico que existe una “enorme preocupación y temor” entre los trabajadores comunitarios “porque no se sabe hasta dónde van a llegar estas medidas”. Actualmente, McLaughlin se encuentra en Manchester donde da clases en la Universidad y señala que “hay muchos profesores españoles que están muy preocupados”. De hecho, destacó que el temor también está entre los propios británicos y explicó que los impresos para solicitar el pasaporte irlandés se agotaron nada más conocerse la intención del gobierno británico.
Asimismo, ayer Patricia Valladares denunciaba en este periódico que el Gobierno británico ya está actuando y que a su hijo, que trabaja en una conocida franquicia de cafeterías, ya le han pedido su nombre y el país de procedencia para elaborar la lista. El joven, de 26 años y natural de Tenerife, lleva en Bristol desde hace 5 años. Primero como estudiante y ahora trabajando. “Paga sus impuestos y ahora teme por su empleo”. “Lo que no sé”, continuó, “es si los nativos ingleses serán capaces de cubrir todo el trabajo que hacen los europeos que viven en el Reino Unido”. Valladares aseguró que en Bristol hay una comunidad canaria muy importante y que su hijo le ha dicho que están “francamente preocupados porque prácticamente les están invitando a irse del país; muchos de ellos incluso con familia”.
“Es muy triste e injusto que traten a tu hijo como un intruso”
Patricia Valladares explicó que “es triste e injusto” para una madre que un hijo “emigre”, pero más triste aún es que “lo traten como un intruso en un país en el que no ha dejado de trabajar y paga sus impuestos. Y se preguntó: ¿Por qué España no hace lo mismo con todos los ingleses que se benefician de nuestro sistema sanitario?”.