Los empresarios del Sur, contra el actual proyecto de la Ley del Suelo

Aunque el Cest apoya una reforma normativa, clama ante la inseguridad jurídica que generaría el texto propuesto por el Gobierno de Clavijo y denuncia que los ayuntamientos no cuentan con medios para asumir las competencias
EL Cest engloba a la gran mayoría del tejido empresarial existente en el corazón económico de la isla de Tenerife. DA

Ya no solo se oponen las fuerzas de izquierdas o los que siempre dicen no a todo. El actual proyecto de la Ley del Suelo del Gobierno de Clavijo, actualmente en tramitación parlamentaria, también cuenta con la oposición de una patronal tan relevante como es el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (Cest), en la que se engloba una amplísima representación de los responsables del tejido empresarial del corazón económico de la Isla. Como se repite una y otra vez en multitud de foros, el Cest explica en un comunicado que son los primeros en aplaudir una reforma normativa de estas características, pero ponen el dedo en la llaga cuando denuncian la inseguridad jurídica que se teme generará el texto propuesto, así como la incapacidad de buena parte de los ayuntamientos para asumir las competencias que se les reserva en el mismo.

La asociación que preside Roberto Ucelay denota lo constructivo de su crítica cuando aplaude un cambio de norma, hasta el punto de que habla de la reforma prevista como “una magnífica oportunidad para hacer realidad un nuevo marco legislativo que según los empresarios y profesionales se está demandando y necesitando desde hace más de 10 años”. En esta dirección, el Cest considera un acierto que se impulse una normativa que simplifique, racionalice y actualice el marco legislativo, “abriéndose así las puertas a unas leyes adecuadas que faciliten un desarrollo responsable de la actividad económica sobre nuestro territorio”. “La necesidad de combinar la conservación de nuestros valores medioambientales con un impulso ordenado y decidido del desarrollo económico hacen del proyecto de ley una herramienta imprescindible”, apuntan.

Pero precisamente es en este punto donde arrancan las críticas al planteamiento que hoy defiende el Gobierno sustentado por Coalición Canaria en el Parlamento regional, ya que estos empresarios del sur de Tenerife denuncian, con mano de hierro envuelta en guante de seda, que objetivos como la referida simplificación normativa y como el necesario equilibrio entre el desarrollo urbanístico y la conservación medioambiental “aparecen correctamente plasmados en el preámbulo del proyecto, pero no están suficientemente reflejados en su articulado, apreciándose en esa regulación cierta contradicción con los principios rectores enunciados en la parte expositiva”. Tras el tirón de orejas a quien anuncia algo que no cumplirá, el Círculo del Sur entra en materia al denunciar que “la simplificación y agilidad en la gestión del territorio pueden verse truncados al volcarse” en los ayuntamientos el diseño de la tramitación y aprobación de los planes e instrumentos de ordenación. “Esto nos genera preocupación”, señalan, “haciéndonos dudar de si por ese camino se logrará de forma verdaderamente efectiva la agilidad pretendida”. Entiende el Cest que algunos municipios del sur de Tenerife, y de Canarias en su conjunto, no disponen de medios materiales y personales suficientes para afrontar la responsabilidad que el nuevo texto les atribuye.

“Existen dudas más que razonables sobre el hecho de que la mera enunciación de los deberes de colaboración interadministrativa, cooperación y asistencia mutua que se contemplan en el texto baste para garantizar la aplicación práctica, sin demora y eficiente de sus postulados”, advierten.

Inseguridad

El bisturí con que el Cest disecciona el actual proyecto se dirige firme hacia la otra gran preocupación mostrada en su llamativa declaración hecha pública ayer. De este modo, señalan los empresarios que “es necesario disponer de la mayor certeza y garantía jurídica en relación con los proyectos, planes o normas que se aprueben, así como en lo que atañe a las autorizaciones de uso que se concedan. Deben contar con suficiente respaldo y soporte jurídico, requisito que puede verse en entredicho ante la supresión por el nuevo texto legal de los controles de legalidad que venían siendo atribuidos a la comunidad autónoma de Canarias”, concluyen desde el Cest, coincidentes en su rechazo con otras voces que ponen especial énfasis en las dudas que genera una propuesta que suprime los controles actuales sin crear a su vez otros que eviten la especulación con un territorio tan frágil y escaso como es el canario, y más cuando la corrupción, lamentablemente, también ha puesto sus huevos de criminalidad en ayuntamientos canarios tan destacados desde la perspectiva turística como pueden ser Arona o La Oliva, por citar dos ejemplos.

El Círculo sureño ve con buenos ojos lo previsto para ¡el suelo rústico

Si bien denuncian la incapacidad municipal para hacer frente a las competencias previstas y la inseguridad jurídica que generaría la propuesta actual, los empresarios del Sur adscritos al Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (Cest) también encuentran su parte positiva al proyecto de Ley del Suelo que actualmente se tramita en el Parlamento de Canarias.
Así, su comunicado de prensa detalla que consideran especialmente interesante que en el proyecto actual sobre la Ley del Suelo se fije el objetivo de contención en el consumo de suelo rústico y que paralelamente se contemple una regulación permisiva de sus usos. “Salvando, eso sí, el de protección ambiental”, recalcan. A juicio de estos empresarios del sur de Tenerife, de esta forma se permite que este suelo contribuya a la creación de empleo y riqueza, compartiendo además, con carácter general, el compromiso de garantizar la generación de rentas complementarias que consoliden el sector primario para su propia supervivencia.

En resumen, para el Cest reforma, sí, pero el actual proyecto gubernamental es cuestionable.

Germán Suárez: “Esperamos la nueva norma como agua de mayo”

El presidente de Astilleros Canarios (Astican), Germán Suárez, asegura en una entrevista concedida a la web Canariasenhora que “los empresarios están a la expectativa de la nueva Ley del Suelo”. A este respecto, Suárez mostró su confianza en que “esa norma permita materializar fuertes inversiones en hoteles de cuatro y cinco estrellas en Gran Canaria en particular, y en el Archipiélago en general, sobre suelo urbanizado”.

El que fuera presidente del Círculo de Empresarios de la provincia oriental resultó especialmente gráfico al respecto cuando recalcó que “los empresarios estamos esperando la nueva Ley del Suelo como agua de mayo”.

Con medio siglo de trayectoria empresarial a sus espaldas, Germán Suárez se muestra optimista en relación con el ciclo alcista de la economía, pero también advierte de que “hay que seguir con los mismos parámetros que hasta ahora” y señala frente a la conflictividad laboral portuaria: “Si no somos competitivos, las navieras se irán a otros puertos”.
En la extensa entrevista publicada en el citado periódico digital, el empresario también habla de política, mostrando su contrariedad ante “la irrupción del populismo en la vida política española”, a la par que muestra su receta al respecto: un pacto PP-PSOE.

TE PUEDE INTERESAR