Pasa con los topónimos como con la televisión o internet, si se utilizan bien no hay problema. Cuando se escriben o pronuncian de forma adecuada los topónimos no pueden considerarse armas de confusión masiva; así que, partiendo de una receta así de sencilla, no tiene razón de ser que el asunto dinamite el sueño del puñado de parlamentarios que ha instado al Gobierno a buscar soluciones para evitar que se confunda La Palma con Palma (de Mallorca) o Las Palmas con La Palma. No hace falta cambiar nada. Nada de nada. Siendo diferentes, y lo son, basta con escribirlos o pronunciarlos bien. No lo ven así sus señorías. A las inquietudes lingüísticas de los diputados (de sobra conocidas) se suma el convencimiento de que los topónimos están destrozando al turismo y al comercio, estrangulando la marca Islas Canarias y, entre otros dolores, provocando que las mercancías lleguen tarde, mal o nunca. Así se explica (es un decir) que la comisión parlamentaria de Turismo y Cultura haya aprobado una proposición no de ley o que algunos, viniéndose arriba, propongan una consulta popular.
Dejarse llevar por la sinrazón de las razones parlamentarias abre la puerta a que, puestos a pasar el rato, también analicen los problemas que pueda generar Tenerife-Arrecife, Fuerteventura-Extremadura o Gomera-Formentera; y, ya lanzados, a que mezclando topónimos con lo que pillen echen un vistazo a Granadilla-Quesadilla o El Paso, en La Palma-El Paso, en Texas. Van más allá. Exigen que se impulsen campañas para los operadores turísticos y, aunque no se dice, cabe imaginar que consistirá en contratar logopedas. Agradeciéndoles la buena intención de tan extravagante iniciativa, cabe animar a los parlamentarios a que concreten qué nombre de qué lugar pretenden modificar primero; pero, sobre todo, que se lo expliquen a los vecinos del rebautizado lugar.
