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El CGPJ archiva el expediente disciplinario a Vicky Rosell

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado el martes, por cinco votos a dos, archivar el expediente disciplinario incoado por el Promotor de la Acción Disciplinaria a la magistrada Victoria Rosell
Victoria Rosell
Victoria Rosell
Victoria Rosell. / EP-CEDIDA

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado el martes, por cinco votos a dos, archivar el expediente disciplinario incoado por el Promotor de la Acción Disciplinaria a la magistrada Victoria Rosell, titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, por la supuesta comisión de una falta muy grave de desatención en la tramitación de procedimientos judiciales.

De este modo, los miembros de la Comisión Disciplinaria no han considerado acreditado que Rosell interviniera en un procedimiento judicial en el que había sido recusada como sostenía el Promotor, que proponía sancionar a la magistrada con un mes de suspensión de funciones, siendo esta la misma sanción que solicitaba la Fiscalía, según recoge el comunicado del CGPJ.

En cuanto a los votos contrarios a la decisión de la mayoría corresponden al presidente de la Comisión Disciplinaria, Wenceslao Olea, que ha anunciado voto particular, y la vocal Carmen Llombart.

La investigación abierta por el CGPJ en noviembre del pasado año se centraba en aclarar si la juez incurrió en desatención al intervenir en un procedimiento judicial en el que había sido recusada el 26 de septiembre de 2013 por el investigado, Eduardo López Mendoza, abogado durante años del empresario grancanario José Miguel Suárez Gil.

El expediente disciplinario que ahora se archiva tenía su origen en un escrito presentado ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas por dicho abogado que denunciaba a la magistrada, en ese momento diputada al Congreso por Podemos, por los delitos de falsedad en documento oficial, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, retardo malicioso en la tramitación de una causa judicial y contra el ejercicio de derechos cívicos reconocidos en la Constitución.

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