Libertad de enseñanza

Es el título del artículo 27 de la Constitución Española de 1978, donde se reconoce la libertad de enseñanza y el derecho de todos a la educación. Consagra la Constitución el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que deseen. Responsabiliza a los poderes públicos del derecho universal a la educación. Consagra la libertad privada de creación de centros y ya entonces en el 78 mandataba a los poderes públicos a ayudar a los centros docentes, abriendo con ello la vía al desarrollo del modelo educativo español, soportado en centros públicos, concertados y privados. Estamos asistiendo en estas fechas a la progresiva desconfiguración del modelo educativo español en contra del marco constitucional, cuyos síntomas más significativos podemos verlos en la renuncia del Gobierno central a las exigencias de calidad que contenía la Lomce, sacrificada al parecer al consenso de un pacto educativo de Estado. Más bien diríamos de los 17 Estados, en que hemos convertido la educación en España. Acompaña este proceso el decretazo valenciano, donde a la supresión del concierto en Bachillerato se suma la imposición de la ideología de género, el impulso de la lengua valenciana en contra del español y el control de la movilidad entre centros a través de forzar las normas de distrito escolar. Lógica consecuencia de las renuncias del actual Gobierno a la defensa de su propio modelo educativo, expresado en la meliflua postura del ministro aristócrata, ajeno a defender la libertad de enseñanza para un único país. Hasta Manuel Azaña lo tenía claro, cuando en 1934 se negó a transferir la educación a Cataluña, al entender que la educación forma parte de las funciones propias de un Estado. El ataque a la libertad y calidad de la enseñanza se completa con la vuelta a poder aprobar con dos asignaturas suspensas y nota media inferior a cinco. Asombrosa postura que se refleja en la pérdida de autoridad y valores en la dirección de los centros escolares, con expresiones como el incremento del acoso escolar, que vemos en estos días en medios, con suicidios infantiles cada vez más tempranos. Más grave aún es acabar con el principio del mérito y su esfuerzo, como mecanismo de superación personal y ascenso social. La vuelta atrás condena al sistema educativo a bajar el nivel por debajo del suspenso y a que el mérito se esconda y penalice con el acoso escolar, ayudado por la pérdida de autoridad del colegio. Se refuerza de paso la desconfiguración del modelo educativo en 17, como pretende el ministro y su Gobierno y aplaude el nacionalismo construyendo su país. Esta situación se traslada a los resultados del PISA, Informe Trianual donde España ocupa el puesto 28 de los 34 países OCDE. Y más sorprendente aún del PISA son sus clasificaciones por regiones, donde se evidencia la existencia de 17 países en España. Con dos geografías diferenciadas, los países del Norte y centrales, Madrid y Cataluña, y los del Sur. En los primeros, la educación pública es el 50% del total y en los del sur, como Canarias, llegan al 75%, con tasas de abandono y fracaso escolar sobre el 30%. Cuanto más homogéneo y público es el sistema, peor es la nota PISA. Y se ahonda el problema, ya que la plaza pública cuesta el doble que la concertada. Con lo que los recursos para la educación pública serían mayores, si las cuotas de concertada y privada se elevaran, no al revés, como defienden muchos. Cuesta que no se entienda que la educación, como otras instituciones, como la familia o la empresa, no se desarrolle y defienda a favor del ciudadano y solo a favor de los que ocupan la Administración o la política. Así nos va la desafección.