El 30 de diciembre de 2009, una roca de grandes dimensiones cayó sobre una vivienda en el santacrucero barrio de María Jiménez. Afortunadamente, los daños solo fueron materiales, pero de tal calibre que obligó al realojo de las cinco familias que se alojaban en ella. Entonces, el compromiso municipal fue el arreglo de la vivienda o la reposición en otro sitio. Mientras, el Ayuntamiento de Santa Cruz se haría cargo del pago del alquiler de las familias. Han pasado ocho años y en este tiempo, “solo muy al principio”, el pago de esos alquileres se hizo en tiempo y forma. Ahora, los propietarios que alquilaron sus viviendas al Consistorio se enfrentan a su particular día de la marmota: el retraso, el enésimo, en el abono de los arrendamientos. En estos momentos, denuncian, se les debe todo 2016 y lo que va de 2017. El alquiler de 2015 lo cobraron el año pasado.
De nuevo, se quejan los afectados, el Ayuntamiento se pasa la pelota de una concejalía a otra, sin que nadie les de una explicación sobre los motivos que hacen que les paguen los arrendamientos con casi dos años de retraso, “algo insostenible para cualquier persona”, se lamentan.
La diferencia en esta ocasión está en que, temen, el Ayuntamiento esté paralizando definitivamente el abono y obligándoles a acudir a los juzgados para denunciar esta situación de impagos. El problema al que se enfrentan, según han detallado desde el Ayuntamiento en ocasiones anteriores, es que en su momento (2009) no se registró de manera formal un contrato con los propietarios, sino que se les pagó mediante subvención directa, algo que, ahora, dificulta la justificación administrativa del pago. Esto hace que Intervención ponga reparos a la hora de abonar los recibos que mes a mes presentan estos propietarios en las oficinas municipales. Aunque, como recuerdan los afectados, el Pleno ratificó, ya con el actual alcalde, José Manuel Bermúdez, que el Ayuntamiento debía responder a los compromisos contraídos con ellos, por lo que no alcanzan a entender los problemas burocráticos.
De momento, darán un nuevo margen al Ayuntamiento para que les ofrezca una respuesta que llevan “mendigando” meses. En caso de que no ocurra, acudir a los tribunales es la única salida que ven. Temen que esta solución afecte directamente a las familias realojadas, que, a su vez, han visto como la promesa hecha en 2009, sigue sin cumplirse, familias que a su vez tienen su propia batalla para que el Ayuntamiento reconozca su obligación para con ellas. “No queremos que se vean afectados por un proceso de desahucio, no vamos contra ellas”, apostillan.
Desde el Consistorio capitalino, el área de Patrimonio Municipal, la que ahora se encarga de este tema (antes fue Asuntos Sociales y después Viviendas Municipales), se informó ayer a este periódico que podrían ofrecer hoy una respuesta sobre el punto en el que se encuentra este expediente administrativo que se enfrenta a los reparos de Intervención .
En su momento, la estimación que se hizo de estos alquileres fue una media de unos 40.000 euros al año. Como han señalado en más de una ocasión los propietarios, un dinero que se podría haber destinado a la rehabilitación de la casa o la reposición de estas familias.
Un decreto de Zerolo en 2009 garantizaba el pago de los alquileres
El exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, dictó en 2009 un decreto por el que se resolvía, apoyado en la urgencia de la situación, conceder una subvención directa en concepto de alquiler a las familias. Una vez que estas localizaron una vivienda, se debía atender con carácter urgente el abono.
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