La posverdad ha dejado de ser el neologismo emergente; ha perdido la condición de híbrido principal, debiendo conformarse ahora con un papel más discreto como palabra de penúltima generación. El planeta de las conmociones y los contratiempos rebaja el protagonismo de la post-truth para consagrar a la posrealidad, concepto que permite describir con mayor precisión, justicia y nitidez la actitud de las administraciones públicas al abordar el maremoto del alquiler vacacional. Instalados en el marianismo vigente (perder tiempo es ganarlo), los gobiernos de allá y acá se sienten más cómodos dejando que los cambios se regulen por sí mismos, conformándose en consecuencia con regular la posrealidad: dícese de lo que acontece años después de que una realidad (el tornado del alquiler vacacional, por ejemplo) haya modificado las pautas, comportamientos, tendencias o modelos de un sector productivo -en particular- o de la economía -en general-. Los gobiernos llegan tardísimo.
Optaron por dejarlo para después, y ahora, con el alquiler vacacional a las puertas de pasar de boom a burbuja, con los alquileres convencionales en la antesala de la subida de precios que está incubando la desaparición de esta oferta tradicional y con quienes se han embarcado en la fórmula vacacional temiéndose que las administraciones opten por reequilibrar el mercado regulando de forma restrictiva su posrealidad, ahora, tarde, malamente, los gobiernos empiezan a apurarse porque la ola les ha pasado por encima. No solo están sobre la mesa los problemas que ha provocado dejar que el limbo acunara tamaño fenómeno. También está en juego el modelo residencial de unas islas que viven del turismo. Sintiéndolo por aquellos que siguen aludiendo a la posverdad, lo ultimísimo es la posrealidad considerada como el presente imperfecto y tardío al que se ha llegado por culpa de la inacción reguladora de los posgobiernos.