Curiosamente, el auto del que aquí se informa pone de manifiesto la necesidad de unificar los criterios urbanísticos y comerciales en el Archipiélago, cuyas presuntas “bonanzas” han ido a venderle a los americanos el presidente Clavijo y sus colaboradores. Aquí no hay quien invierta, ni quien cree puestos de trabajo (más de 1.000, directos e indirectos, en este caso), mientras Administración autonómica y cabildos se tiren la pelota unos a otros.
Los empresarios afectados, y ahora reivindicados con esta ejecución de sentencia, llevan meses y meses luchando infructuosamente contra las administraciones públicas, incluso con una sentencia firme favorable en su bolsillo. Debería darles vergüenza a los responsables de la Administración haber perjudicado -intencionadamente o no, ya lo dirán los tribunales- estas inversiones, legales, amparadas por una sentencia firme que concede más del doble de la superficie que ocupará Leroy Merlin. Es la consecuencia de jugar con el territorio con la excusa de protegerlo. Ya tenemos en la isla de Tenerife más del 72% del terreno protegido, pero las inversiones no se deben detener, cuando cumplen con todos los requisitos legales.
Lo demás es puro cinismo y desprecio a las sentencias de los tribunales de Justicia, sobre todo cuando hay otros empresarios que parece que tienen “bula” a la hora de ser favorecidos por la Administración canaria. Daremos noticia pronto de un disparate que se ha producido, también en el Sur, y que ya se encuentra en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
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