Varapalo judicial al Gobierno de Clavijo

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Mientras el presidente Clavijo se había ido a los Estados Unidos, sorteando ciclones, a promocionar inversiones en Canarias, imposibles por el momento, los tribunales amparaban en estas islas a una sociedad mercantil a la que se negaba contumazmente la licencia comercial para instalarse en el sur de Tenerife. Y conminaba la Sala de lo Contencioso del TSJC al Gobierno de Canarias a conceder, en el plazo de un mes, la licencia a la que tiene derecho Leroy Merlin de instalarse en un solar que posee en Adeje, para el que ya contaba con licencia municipal de obras y también con una sentencia firme de la citada Sala, autorizando a la promotora a ocupar el doble de metros de los que va a utilizar la multinacional para su instalación. Se estaba cometiendo también un atropello administrativo grave contra Tropicana, S.A., la empresa que preside Ambrosio Jiménez Quintana y que promueve el parque comercial, y contra la propia Leroy Merlin, en una especie de “trama” que el tribunal desmonta. Ni más ni menos que tirándose la pelota, una a otra, la administración autonómica y el Cabildo, en un ejercicio cuanto menos de impudicia, con grave riesgo de prevaricación. La licencia comercial tendrá que ser otorgada en el plazo de un mes y los servicios jurídicos del Gobierno, y aún del Cabildo, han quedado a la altura de un zapato. Y una vez más se demuestra que invertir en Canarias es muy difícil, por mucho que vaya a hacer sus Américas el presidente del Gobierno. La maraña de leyes en vigor desemboca en confusión e injusticia para algunos. Porque otros empresarios tendrán que vérselas con Anticorrupción al haber sido descaradamente favorecidos por el Ejecutivo en un asunto tan caro para el contribuyente como los accesos a otro centro comercial. Unos sí y otros no; lo de siempre.