La clase política tiene desarrollado el instinto de supervivencia muy por encima del resto de los mortales. Pero no siempre acierta con la fuerza del viento que puede llevarla por delante. El sobreseimiento de las actuaciones judiciales es la gran esperanza. La muletilla tan manoseada: “Respeto absoluto a los jueces y a la presunción de inocencia”, solo pretende ganar tiempo a la espera de que cualquier hecho sobrevenido desemboque en la anulación y archivo de las actuaciones. No es frecuente, pero tampoco tan raro. Cosa diferente son las investigaciones pobremente instruidas y los juicios paralelos. Todo un suplicio para quienes los sufren. Además de una injusticia.
Hay dos casos recientes de enorme repercusión mediática que servirán de ejemplo. El primero, las acusaciones de la UCO de la Guardia Civil a Cristina Cifuentes, presidenta de Madrid, de cohecho y financiación ilegal del PP. El juez Eloy Velasco las rechazó de plano. No apreciaba materia delictiva. Es natural, las probabilidades de que toda la mesa de contratación y la letrada estén compinchados para perpetrar un delito de cohecho es de 1/2.000.000.000, o por ahí. Pese a todo, los agentes insistieron con un nuevo informe. También rechazado. Otra cosa resulta ser los juicios paralelos. El más reciente fue protagonizado por el ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix, copropietario de una empresa familiar en Panamá. El hecho cierto se transformó en un escándalo mayúsculo que se desvaneció al día siguiente de dimitir. Claro que para entonces ya era ocioso preguntarse si Panamá era realmente un paraíso fiscal, como tantas veces se repitió para recalcar la fechoría de Moix, porque no lo es. Al menos para España, con quien Panamá suscribió hace años un convenio de doble imposición e intercambio de información. Circunstancia muy relevante que no fue destacada nunca por el ministro de Justicia Javier Catalá. Al contrario, por asombroso que pueda parecer, en su afán por tomar distancias entre el Gobierno y el ya apestado Manuel Moix, el ministro seguía calificando a Panamá de paraíso fiscal. Pero en su caso era difícil atribuirlo a un error.
Al final, empujado por casi todos, Manuel Moix dimite y Alejandro Luzón es nombrado nuevo fiscal jefe Anticorrupción. Luzón, acusador del caso Bankia, entre otras causas, y miembro de Anticorrupción desde la fundación de esta fiscalía especial en 1995, recibió el respaldo en bloque de los vocales de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales. Este apoyo ha sido decisivo para que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, le haya puesto al frente de la fiscalía más sensible actualmente en España. Alejandro Luzón será, con toda probabilidad, quien interrogue al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llamado por los tribunales a declarar por la supuesta financiación irregular el PP.
Hasta ahí poco que objetar, la fuerza de lo irremediable a veces lo puede todo. Pero que las enhorabuenas y las palmadas en los hombros no silencien y oculten respuestas imprescindibles. Y esta es la principal. Varias semanas después de su linchamiento en la plaza pública, dimisión, sustitución y casi olvido, ¿alguien ha dicho ya qué infracción o delito fiscal cometió Manuel Moix?