En política, los silencios se pagan caro y, en particular, si conllevan ocultar información a la opinión pública, máxime si la misma es del interés de los ciudadanos para su salud, como es el caso. La revelación en el día de ayer de un informe reservado que obraba en poder del Ejecutivo canario desde el pasado mes de junio sobre la posible vinculación de la actual crisis de microalgas que padecen nuestras costas con enfermedades tan sobrecogedoras como el cáncer (tumores primarios en el hígado, en concreto), alarmó a la oposición parlamentaria, y es razonable que lo haga asimismo respecto al conjunto de los ciudadanos, pues supondría, lisa y llanamente que se hurtó a la sociedad una información sumamente valiosa para saber a qué atenerse mientras las costas ofrecen una imagen deplorable.
En todas las crisis que afectan a los ciudadanos, las que merecen mayor tacto político son aquellas que afectan directamente a su salud. ¿Estamos ante una clamorosa ocultación de información bajo la coartada de querer desactivar toda posible alarma social? Justamente lo que provoca alarma en los ciudadanos (una alarma innecesaria, que solo cabe abortar con la máxima transparencia) es enfrentarse a la paradoja de que su Gobierno no le está contando toda la verdad. La crisis de las microalgas comenzó siendo pasto de las quejas del propio Ejecutivo ante la proliferación de lo que llamó “bulos” en las redes sociales. Fue, en toda regla, una oleada de comentarios, suposiciones, sospechas e informaciones con aparente veracidad sobre las consecuencias que la cianobacteria que afecta a las islas (Trichodesmium erythraeun) podía desatar en los bañistas que desafiaran la presencia de las manchas marrones. En esta crisis ambiental, la prudencia ha estado de parte de los ciudadanos, antes incluso que la sensatez de parte del Gobierno canario. Este evitó primero informar y, al parecer, ocultó después información. Ello tiene un coste político. ¡Jaque mate!
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