Si los idiotas no se quieren dar cuenta, allá ellos. Pero España necesita demostrarse a sí misma y a los demás que es un Estado fuerte. El día 2 de octubre, un día después de su mascarada, Puigdemont tiene que ser imputado por un delito de sedición. Y la justicia tiene que actuar sin piedad contra los que han vulnerado la ley en Cataluña, que son cientos, miles de personas. Y no puede quedar impune que una secretaria judicial tenga que huir por el tejado y que un grupo de guardias civiles haya estado atrapado, cercado por una multitud, mientras la policía catalana hacía la vista gorda. No hay derecho, ni este sería un Estado de derecho, si estas y otras cosas, entre ellas la utilización de menores con fines políticos o el robo de armas -luego recuperadas-, quedaran impunes. Los responsables de todo este entramado diabólico tienen nombres y apellidos y por eso deben ser detenidos e investigados. El Gobierno tiene que acusarlos de haber desobedecido a un alto tribunal, de procurar la segregación de una región española, de hurtar fondos públicos para conseguir sus fines, de adoctrinar en las escuelas a los niños contra España, de destruir automóviles de la Guardia Civil y robar las armas depositadas en ellos, de provocar a las fuerzas del orden. De todo esto y de organizar un referéndum ilegal, vulnerando nada más y nada menos que la Constitución. Esta mascarada catalana se tiene que acabar. Hay algunos empresarios involucrados también en esta sedición. Si Puigdemont lo que busca es entrar en prisión, que lo metan sin miedo. No va a pasar nada porque a este payaso le hagan cumplir la ley. Ya está bien de medias tintas y de acciones ponderadas. ¿La ley permite acciones ponderadas o exige que se cumpla? Está visto que algunos -he dicho algunos- en Cataluña no van con paños calientes. Y no son mayoría.
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