El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el secretario del PSOE en el archipiélago, Ángel Víctor Torres, han acercado este miércoles posturas sobre una reforma fiscal que beneficie a familias con rentas medias y bajas.
El encuentro entre Clavijo y Torres se ha producido en el marco de análisis de las líneas estratégicas del presupuesto autonómico para 2018. En este sentido, el presidente canario afirmó que el Gobierno de Canarias trabaja para que el “31 de octubre esté dentro del Parlamento un presupuesto que suscite el mayor acuerdo posible”.
Añadió, en declaraciones a los medios, que lo que se busca es que en el presupuesto de Canarias para el 2018 la “inmensa mayoría de los canarios se sientan reflejados y en los partidos políticos hay sensibilidades de todos los canarios”.
Así, admitió que la reunión ha sido “muy alentadora y, desde luego, es un bueno comienzo”, ya que afirmó que en las principales directrices están “de acuerdo” en cuanto a la necesidad de “fortalecer” los servicios públicos, así como hacer una reforma fiscal porque afirmó que se está “recaudando más pero tiene que servir para redistribuir la riqueza en Canarias que con la crisis se ha acentuado esa desigualdad distribución de la renta” en el archipiélago que “tiene que ir a las rentas medias y bajas” porque hay “todavía muchas familias sin ninguna prestación, con más de dos años de paro”.
Cuestionado por si cree que llegará al 31 de octubre con el proyecto de los presupuestos, Clavijo reconoció que el “retraso de las cuentas del Estado ha obligado a correr y a cambiar muchas cosas” pero cree que es posible tenerlo a final de mes. Así, agregó que el 80 por ciento de un presupuesto, “lo haga quien lo haga, es prácticamente lo mismo, gastos de personal, seguridad social, gastos comprometidos, con lo cual el margen de maniobra que se suele tener es un 20 por ciento, lo que facilita el acuerdo”.
En este sentido, ha incidido en que lo que tratan es la de aplicar en el presupuesto “sentido común”, de tal forma que apuntó que las fuerzas políticas que “apuestan por ese sentido común, con matices porque hay diferencias ideológicas, pueden verse reflejadas en el presupuesto y dar su apoyo”.
Clavijo señaló que le “gustaría llegar a un acuerdo con todos”, algo para lo que consideró tiene margen, incidiendo en que siendo conscientes de que gobiernan en solitario, lo que pretenden es que estos “reflejen la inmensa mayoría de Canarias” y que “de verdad sean el instrumento que necesita en 2018” para que al concluir el 2018 la renta en el archipiélago “se distribuya de manera más justa”.
En cuanto a la reforma fiscal, admitió que “todo se puede ir modulando”, ya que matizó que una bajada del IGIC de manera unilateral afectaría a ayuntamientos y cabildos –que reciben el 58%–, al tiempo que “resta mucha capacidad de gasto y lastra” los servicios públicos esenciales pero “eso no quita de que no se pueda quitar determinados tramos del IGIC”.
Añadió, a modo de ejemplo, que a lo mejor determinados artículos de lujo “pueden requerir una subida y determinados artículos de primera necesidad pueden tener bajadas puntuales”, y darle al autónomo “un alivio”, entre otras cuestiones. “Creo que tenemos mucho margen para poder llegar a acuerdos”, apuntilló.
Al respecto, Torres insistió en que “los recursos para la sanidad, educación y servicios sociales tienen que estar preservados”, si bien se mostró “abierto a las modificaciones pertinentes que se hagan a la carga fiscal siempre teniendo claro que tiene que beneficiar a las familias que peor lo están pasando”.
Agregó que el planteamiento del PSOE en este sentido es “bastante distinto a lo que plantea el PP”, ya que defendió “una carga fiscal justa, solidaria”.
En cuanto a los próximos presupuestos, subrayó que su formación defenderá que se aumenten las partidas para la generación de empleo -en Canarias hay un 60% de los parados que no cobran ningún tipo de subsidio-; hacer un “gran esfuerzo” para las políticas de empleo juvenil, para que haya salarios “justos” entre hombres y mujeres; así apostó por el apoyo a las pymes; y modificar los aspectos fiscales que beneficien a las familias que “peor lo están pasando”.
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