“El Gobierno de Canarias se lo come, se lo guisa y se lo bebe, sin contar con los ayuntamientos ni con los propietarios”

Por A.M.S.

La tramitación de los planes de modernización municipal (PMM) se está convirtiendo en un autentico quebradero de cabeza en la gestión urbanística del Gobierno de Fernando Clavijo. Esta herramienta abanderada por su antecesor en el cargo, Paulino Rivero, como uno de los hitos más relevantes de su paso por el Ejecutivo regional, ha generado un gran debate en el que no falta controversia, la suspicacia y veladas sospechas por favorecer determinados intereses. El Partido Popular, ha designado a la diputada nacional Ana Zurita, arquitecta y experta en urbanismo, para realizar un minucioso seguimiento a estos planes de modernización que están desfilando por los juzgados. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido el PMM de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria.

-¿Por qué acusó el viernes su partido al presidente del Cabildo de no implicarse en los problemas del sur de la Isla?

“Porque, obviamente, no hay implicación de ningún tipo. En los grandes temas estructurales del sur de Tenerife el Cabildo no existe y el presidente tendrá algo que decir al respecto. Hay sobre la mesa muchas reivindicaciones en infraestructuras, como el tercer carril de la TF-1, el Hospital, el cierre del anillo insular, y algo que no trasciende tanto, pero que es igual de importante, como es la renovación de nuestros núcleos turísticos a través de los planes de modernización”.

-¿En qué consiste esa renovación?

“No hemos visto ni oído un criterio claro al respecto del Cabildo de Tenerife en cuanto a la definición de cómo se deben transformar núcleos tan representativos de la Isla como Arona o Playa de Las Américas, máxime cuando los planes de modernización están yendo sospechosamente más allá de sus cometidos. Estas medidas están supliendo competencias municipales en ausencia de planes generales y con soluciones al borde la legalidad, al no estar debidamente justificadas”.

-¿Han fracasado los planes de modernización?

“El objetivo principal y el espíritu de los planes de modernización es poder desarrollar ámbitos muy concretos de suelo turístico consolidado y con el objeto de la modernización y mejora de los núcleos, del conjunto de las infraestructuras y de las edificaciones, siempre dentro de unos límites legales que en la actualidad están muy cuestionados. El único que está funcionando es el del Puerto de la Cruz”.

-¿A su juicio, hay algo aprovechable de esta herramienta?

“En Tenerife tenemos en marcha los de Arona, Playa de Las Américas, Costa de San Miguel, Puerto de Santiago, Costa de Adeje, Ten-Bel y no sé si alguno más. Todos han tenido los mismos problemas. Se eterniza su tramitación, o una vez aprobados hay que modificarlos, caso de Santiago del Teide, porque se redactan de manera unilateral, sin contar para nada con el municipio. Es el Gobierno de Canarias quien se lo guisa, se lo come y se lo bebe, sin contar con los propietarios del suelo y los ayuntamientos”.

-¿Por qué hay tanta controversia y suspicacia en el PPM de Arona?

“Porque la respuesta del Gobierno canario para solucionar el problema urbanístico de Arona raya la ilegalidad. Ha redactado unilateralmente un PMM que se aleja de los fines para los que ha sido concebido este tipo de instrumentos, dando como resultado un documento jurídicamente cuestionable, al incrementarse edificabilidades sin justificación, incluir suelos sin desarrollar, como el ámbito de El Mojón, y otras actuaciones que el propio Ayuntamiento ha rechazado y ante lo que el Cabildo no ha hecho manifestación pública alguna, siendo uno de los municipios turísticos de mayor relevancia en Canarias. Por ejemplo, a la zona de El Mojón hay que darle una solución, pero no a través de un plan de este tipo. Hubiese sido más práctica otra vía. Está claro que se ha perdido el rumbo, porque no todo vale para cualquier cosa”.

-¿Quién ha perdido el rumbo en esta materia?
“El rumbo lo ha perdido el Gobierno de Canarias con el silencio cómplice del Cabildo de Tenerife. Está claro que hay una sospechosa urgencia en tener un instrumento aprobado en Arona que viabilice futuras actuaciones urbanísticas, pero no se pueden solucionar deficiencias de planeamiento, su suspensión por deficiencias jurídicas, modificando a la carta un instrumento que se concibió como una herramienta de renovación edificatoria”.