Septiembre se ha convertido en un mes determinante para el devenir de la ordenación y la planificación de nuestro territorio. Llegó la tan polémica Ley del Suelo a Canarias con críticos y avalistas muy pendientes de su implantación y, especialmente, de su evolución a lo largo de sus primeros meses de vida.
Esta Ley de nuevo cuño ha generado demasiadas expectativas en determinados sectores y responsables políticos, por lo que conviene dar a la población un mensaje algo más neutral y parcial del asunto.
En ciertos foros se ha llegado a escuchar que la nueva Ley del Suelo facilitará todos los trámites y permitirá “cualquier cosa” a la ciudadanía, una afirmación demagógica y rotundamente falsa de la norma.
Sólo el tiempo dirá si esta medida mejorará tiempos pasados o se convierte en un caos absoluto para nuestro presente y futuro, básicamente por recaer el peso de la norma en ayuntamientos infradotados de medios económicos y humanos para su aplicación.
Desde el Cabildo de Tenerife insistimos en la preocupación por el suelo rústico y mantenemos que la regulación de este terreno debía seguir siendo competencia de las corporaciones insulares del Archipiélago.
Ahora nos toca arrimar el hombro con los ayuntamientos para que esta transición se lleve de la mejor manera posible y no se convierta en un peso definitivo para la gestión municipal. Tendemos la mano más que nunca y estamos para todo lo que puedan necesitar en este delicado proceso.
Defendemos mayores competencias para los ayuntamientos, sin lugar a dudas, pero que también se tengan en cuenta las limitaciones de determinados municipios que se verán desbordados a la hora de poner en marcha los proyectos demandados por parte de la población.
Otra de nuestras principales inquietudes tiene que ver con los nuevos órganos ambientales, ya que a día de hoy no sabemos cómo van a quedar organizados, los medios de los que dispondrán, sus funciones o el personal contratado, entre otras cuestiones.
Esta nueva Ley, por desgracia, ha mutilado varios proyectos insulares al prohibirse el uso alojativo. El Cabildo de Tenerife, representado en sus responsables políticos del Área de Política Territorial y sus técnicos, tiene la suficiente autoridad y responsabilidad para autorizar proyectos estratégicos para nuestra isla. Sigamos atentos y trabajemos la nueva ley con los pies en el suelo.
*Consejero de Política Territorial del Cabildo de Tenerife
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