Rajoy suspendió ayer la autonomía de Cataluña, en un golpe de autoridad sin precedentes, para abortar un golpe de Estado igualmente inédito en la historia democrática de España en los últimos 40 años: la declaración unilateral de independencia -ayer mismo- de dicho territorio tras un proceso alentado por un grupo de diputados antisistema pertenecientes a la CUP. Se trata de una intervención temporal desde el Estado que tiene fecha de caducidad, pues habrá elecciones en esa comunidad autónoma dentro de 54 días, el 21 de diciembre.
La oportunidad, que impregna de un carácter inevitablemente transitorio este período interino de búsqueda de grandes respuestas terapéuticas para el enfermo Estado de las Autonomías, invita a todas luces a una reflexión sobrevenida, que no se le escapa al propio presidente del Gobierno de España una vez que ha dado el paso -sin duda firme e irreprochable- de intervenir con el bisturí de la Constitución y convocar a los catalanes a las urnas. ¿Por qué no aplicar la misma cirugía para el conjunto de los españoles? Celebrar elecciones generales, a la par que en Cataluña, distiende el conflicto en una parte de España y sitúa bajo el foco al conjunto del Estado, lo que equivale a decir que el problema somos todos y juntos debemos solucionarlo.
Lo que estamos viviendo desde el día de ayer desata una etapa de enorme provisionalidad que no podemos ignorar. La crisis catalana afecta no solo a Cataluña, sino a la economía y la política de España. Es un fenómeno de efectos colaterales que salpica de modo incisivo a canarios y andaluces, a gallegos y vascos, a todos los españoles por igual, y nos convoca a restablecer un régimen básico de convivencia que nos compete de un modo colectivo, porque Cataluña es parte de un mismo tejido, y su desgarro pone a todo el sistema y al Estado autonómico en su conjunto al descubierto. ¿Qué nos ha sucedido, en términos políticos, este 27-O, la fecha traumática que trastoca todos los planes de una legislatura probablemente ya extinta?
A diferencia del 23-F de 1981, el golpe de Cataluña en el espinazo del Estado, el ataque frontal a la democracia española, la usurpación de un botín territorial en el asalto a la diligencia de todo un país, y, lo que es peor, la manipulación de los hechos -políticamente, de la máxima gravedad- como si se tratara del ejercicio de la inofensiva autodeterminación de un pueblo oprimido, no constituye, como hace 36 años, un mero intento fallido de alterar la legalidad democrática, sino una consumada, por más que inviable, ruptura de la integridad territorial y el más radical atentado contra la esencia de la Constitución española, cuyos efectos ulteriores provocarían finalmente la voladura del Estado.
En febrero del 81, ante el desacato de Tejero, el Estado, el rey, la democracia lograron conjurar el peligro, hicieron fracasar la asonada militar, los diputados rehenes de los rebeldes fueron liberados en el Congreso tras la noche de los transistores y la legalidad se restituyó en una prueba de fuego que acabó bien y consolidó al sistema de libertades que sustituyó a la dictadura. Lo que se olvida ante experimentos como este simulacro bufo de independencia instigado por élites interesadas en salvar sus patrimonios y cubrir las vergüenzas de una clase dirigente corrompida, es que la democracia española no es un legado divino que se pierde en el túnel de los tiempos, sino el fruto de un esfuerzo colectivo de generaciones que alcanzaron el éxito en su empeño de recobrar la libertad -convertido en paradigma dentro y fuera de Europa-, hace tan solo 40 años, tras otros tantos de dictadura al cabo de una guerra civil. Los derechos conquistados definen la etapa de mayor democracia y descentralización de este país y toda amenaza contra ellos constituye un golpe de Estado con todas las palabras.
Lo de Cataluña, primero, impresionó a la opinión pública y pronto, a la vista del amilanamiento de los dirigentes y el cambalache de sus titubeos a última hora, ha ido quedando reducido a una parodia de revolución tras las cortinas, cuya víctima final es la ciudadanía arrastrada de buena fe, bajo el recurso emocional que moviliza con cualesquiera pretextos otros territorios de Europa. La mentira -incluso en la era de la posverdad- tiene las patas cortas. Ni la revuelta liderada por Puigdemont -un dirigente de tres al cuarto- goza de los atributos que adornan las revoluciones emancipadoras surgidas a lo largo de la historia, ni los mantras que invocan sus promotores obedecen a la realidad -situación colonial, opresión del Estado, represión sistemática, sometimiento y tiranía-, ni el momento ni el contexto justifican semejante salto en el vacío, que pone en riesgo la calidad de vida, cuando no el empobrecimiento puro y duro de toda una comunidad, tras el éxodo masivo de empresas al que hemos asistido.
Si el procés pudiera reducirse a un burdo ejemplo, Cataluña se ha bajado del AVE para hacer un trasbordo a un viejo ferrocarril. El nulo respaldo internacional y la amenaza de exclusión de la UE amarga una independencia que ha durado 4 horas y 58 minutos.
Lo que ahora toca es volver a la función, a la democracia, tras estas escenas que han roto el hilo argumental. La perspectiva de Canarias permite abordar el conflicto catalán desde un ángulo privilegiado dentro del Estado autonómico español. Por ser la comunidad más alejada. Y por conocer como ninguna de agravios y discriminación. Por ser una comunidad pionera, dentro del Estado, de las relaciones con Europa hasta constituirse en la principal región ultraperiférica (RUP). Y por seguir, día a día, esmerándose en acceder a las ventajas de tal adhesión frente a las desventajas de la desigualdad permanente de la distancia. Pues bien, desde aquí, con el gran angular insular, tras una historia no exenta de antecedentes en materia reivindicativa ante el Estado, cabe abogar por soluciones colegiadas ante el conflicto catalán. O lo que es lo mismo, por elecciones generales que devuelvan al pueblo -el español en su conjunto y el catalán- la última palabra sobre la idoneidad de sus gobernantes. Canarias no puede alardear de gobernantes, pero sí de pueblo. Este es el escenario. Ahora hay que poner las urnas y levantar el telón.
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