¡Qué error, qué inmenso error!

Cuando el duque de Enghien fue fusilado por los bonapartistas, se dice que Joseph Fouché comentó: “Ha sido peor que un crimen, ha sido un error”. Y la frase -que, al parecer, compartió Talleyrand- no es tan cínica como aparenta. Porque, a veces, los errores políticos causan todavía más dolor a los ciudadanos y fracturan más las sociedades que los propios crímenes. Y la prisión preventiva del Govern catalán es un inmenso error que divide a la sociedad catalana aún más de lo que está y producirá en sus miembros un dolor innecesario. Ya sabemos que los jueces no son las máquinas que propugnaba Montesquieu en El espíritu de las leyes, unas máquinas que se limitaran a transformar automáticamente las normas jurídicas en sentencias. Como no podía ser de otra manera, la subjetividad siempre está presente de forma muy intensa en todas las decisiones judiciales; y la subjetividad judicial nos ha jugado una mala pasada a todos los españoles. Porque los autos sobre la prisión preventiva del Govern catalán son jurídicamente cuestionables (por ejemplo, se apartan del criterio del Tribunal Supremo en casos iguales), y, sobre todo y sin necesidad alguna, incendian la escena política catalana y destruyen los avances constitucionalistas de los últimos días. Alimentar el victimismo del contrario siempre es un error.

La convocatoria de elecciones mediante el artículo constitucional 155, junto con la huida de Puigdemont a Bélgica, habían sorprendido, y hasta dividido, al mundo independentista, y, al mismo tiempo, habían insuflado moral y ánimos a los constitucionalistas, que salieron a la calle para reivindicar su existencia y su número. Pero ahora, unas desafortunadas decisiones judiciales han unido de nuevo al secesionismo, y van a propiciar, si no se corrigen por vía de recurso, que las elecciones de diciembre se celebren en una situación de anormalidad y excepción, con grandes posibilidades de victoria para los partidarios de la República catalana; un sector que, en caso contrario, no aceptará los resultados. Y es que hay ciudadanos catalanes no independentistas que interpretan lo sucedido como un ataque a Cataluña y sus instituciones.

El Centro Nacional de Inteligencia garantizó al Gobierno la lealtad de la policía catalana y la inexistencia de urnas. Y ya sabemos lo que hicieron los Mossos, y que las urnas estaban en casas particulares, en maleteros de coches y en iglesias y sacristías. Parece razonable exigir unas dimisiones que no se han producido. El Gobierno aseguró que el referéndum no se celebraría, y sí se celebró. Sin garantías, pero se celebró. Y encima se cometió el disparate de ordenar unas cargas policiales que no tenían ninguna posibilidad de alcanzar su objetivo y dañaron gravemente la imagen de nuestra democracia.

Con toda sinceridad, nos gustaría estar tan equivocados como lo estuvo Ricardo de la Cierva en su famoso artículo en El País, cuyo título hemos utilizado.