Un concepto importante en la Ciencia Política contemporánea es la noción de Estado fallido. Se trata de organizaciones que son reconocidas como Estados por la comunidad internacional, es decir, que, por convención, son aceptadas como sujetos de derechos y obligaciones en el ámbito internacional, pero que, sin embargo, constituyen meras ficciones jurídicas, porque no cumplen ninguna de las funciones que un Estado de verdad debe llevar a cabo respecto a sus ciudadanos y los otros Estados. En esos supuestos Estados no existe nada parecido a una Administración Pública, ni políticas públicas ni servicios públicos. Sus Gobiernos solo controlan una parte de su territorio, y el resto está en manos de poderes de hecho, señores de la guerra, piratas y delincuentes. La educación, la sanidad, el transporte, las comunicaciones y demás áreas similares, si existen, están en manos privadas y extranjeras. Sus Ejecutivos, Parlamentos, embajadas, ejércitos y policías, cuando existen, no representan a nada ni a nadie, y son detentados por elites corruptas, que extorsionan y saquean a una población indefensa e, incluso, viven fuera de sus fronteras. Son los denominados Estados fallidos, supuestos Estados como Somalia, Sudan del Sur y otros similares.
En los Estados fallidos no se cumple el contrato social, por el que los ciudadanos renunciamos a una parte de nuestra libertad originaria y de nuestro patrimonio en aras de unos poderes públicos que, a cambio de nuestra autonomía y de nuestros tributos, estructuran el orden social, protegen nuestra convivencia y garantizan nuestros derechos. Un pacto social que, se supone, se cumple plenamente en los Estados democráticos y de Derecho como el nuestro. No obstante, en muchas ocasiones, Estados como España se convierten en Estados coyunturalmente fallidos, y ahora lo estamos comprobando en Cataluña. Las masas independentistas paralizaron el otro día los transportes y las comunicaciones en todo el territorio catalán; miles de ciudadanos se vieron atrapados y detenidos en contra de su voluntad, sufrieron graves quebrantos económicos y de todo orden, y tuvieron que soportan que sus derechos fundamentales y su libertad fueran gravemente conculcados. Pues bien, el Estado español fue incapaz de evitarlo y de garantizar sus derechos y libertades, como es su obligación. Y resultó patética la imagen del ministro del Interior en la televisión pública esgrimiendo unos papeles que, según él, acreditaban numerosas intervenciones policiales para restablecer el orden y la Ley.
El problema es que a esos mismos ciudadanos a los que el Estado es incapaz de proteger y garantizar sus derechos y libertades, ese mismo Estado les exige con rigor extremo su contrapartida. Y, por ejemplo, una diferencia de unos euros en su declaración de Hacienda daría lugar a recargos y sanciones. Sería muy conveniente que reflexionáramos sobre esta cuestión y, en particular, que lo hiciera el Estado.