El problema del independentismo catalán no debe ser observado sólo desde una perspectiva histórica, cultural, lingüista o económica. Tampoco cabe en este debate la relación de agravios expuestos por los partidos secesionistas, los últimos y más novedosos hacen referencia a la violencia empleada por el Estado y la actuación de una justicia, dirigida desde el Gobierno, para encarcelar a los que se rebelan incumpliendo las leyes. Si no hubiera intervenido la policía el día 1 de octubre (a propósito, siguiendo las instrucciones de una institución judicial y debido a las órdenes dadas a los mossos para inhibirse) y la jueza Lamela no hubiera dictado la prisión provisional para los que quebrantaron el orden constitucional, la situación hubiera sido similar. Los mismos músicos y la misma partitura, aunque menos cargada de bombo. Eso no altera nada.
No es esa la cuestión. No se trata de la aplicación del 155, ni de la represión policial, ni del espionaje a cargos públicos, ni de tantos y tantos escándalos y atentados a la soberanía del pueblo catalán que sólo sirven para engordar los argumentarios. No es eso. Ahí no está la lucha, ni la solución se encuentra en el diálogo y el pacto, como no dejan de repetir algunos. Se trata exclusivamente de la escasa representación democrática que exhiben los que dicen actuar siguiendo un mandato popular. Esa es la gran mentira. El mandato no existe porque en ninguna de las consultas celebradas, dentro y fuera de la legalidad, se ha conseguido que se manifieste una mayoría suficiente para lanzar al gobierno, elegido en las urnas, a una aventura apresurada que más parece la huida de una situación comprometida que la consecución de un proyecto ilusionante demandado por un número abundante de electores. Aquí es donde reside el problema de los independentistas y ellos lo saben.
El proceso quiebra desde el punto en que se basa es condiciones falsas, todas ellas interpretadas de manera favorable a sus intereses. La primera es confundir un sistema electoral que está pensado para garantizar la formación de gobiernos estables -premiando por la aplicación del sistema d’Hondt a los partidos que consigan mayor número de votos- con la realidad social expresada en la consulta electoral. De aquí que se equivoque el que equipara el número de escaños con el porcentaje de votantes, lo cual legitima a un gobierno para tomar determinados acuerdos, pero no para erigirse en el representante de la mayoría de los ciudadanos.
La segunda consiste en contabilizar a la abstención como un silencioso anuente a la consulta cuando se comete la falaz argucia de dar el carácter de plebiscitarias a unas elecciones autonómicas. De esta manera todos aquellos que se abstengan han dado carta blanca al gobierno porque los considere de los suyos.
La tercera es convertirse en los albaceas de la neutralidad, de manera que aquel que no se manifieste ni a favor ni en contra, por razones políticas de oportunidad sobradamente conocidas, está automáticamente asimilado a la causa sublime de obtener la independencia por cualquier medio.
Y la cuarta, y quizá la más importante, es el desprecio al sistema democrático que exige el reconocimiento de las mayorías junto con el respeto a las minorías. Quiere esto decir que las decisiones importantes deben estar refrendadas por grandes grupos de ciudadanos. No vale la mera superación de unos sobre otros, es necesaria una mayor holgura, aquella que las legislaciones contemplan para refrendar sus acuerdos de gran calado político. ¿Y qué puede haber más importante que la definición territorial de dónde se va a ejercer la soberanía? Como mínimo se debería contemplar la mayoría absoluta de los electores, no de los votantes. Hay sobrados ejemplos de mayorías reforzadas en nuestras leyes y reglamentos para poder afirmar que un 47% de los votos emitidos no es suficiente para hacer una declaración unilateral, ni aprobar leyes encaminadas a la consecución de ese fin. La gran falacia es que los promotores de esa idea conocen y reconocen esa insuficiencia, por tanto, su mentira no es sólo una falta absoluta a la condición moral, sino que además es un delito llamado prevaricación y que consiste en adoptar acuerdos ilegales a sabiendas de que lo son.
Estos cuatro puntos que he descrito son el gran problema que el independentismo es incapaz de superar. Todo lo demás es menor y sólo tiene el interés de trasladar a la lucha partidaria a nivel nacional un asunto que es absolutamente local. Por el momento, digan lo que digan, la cuestión estriba en carecer de crédito electoral a pesar de que cada día se afirme lo contrario. La verdad es tozuda, la posverdad es simplemente mentira y además está encaminada a atropellar la voluntad de la mayor parte de los catalanes.