El Gobierno de Canarias exigió ayer a Madrid un nuevo convenio de carreteras para el Archipiélago, pero no refutó las críticas del Partido Popular (PP) tinerfeño, publicadas por DIARIO DE AVISOS, que achaca a la mala gestión del Ejecutivo regional que no se invirtieran el año pasado en las vías insulares unos 225 millones de euros, y que, sostienen los populares isleños, puso el Estado a disposición de la administración autonómica.
El vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, y el presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, insistieron ayer en exigir la firma “inmediata” del nuevo convenio de carreteras, que, a pesar de ser negociado a finales del año pasado, finalmente no fue acordado, argumentado que, en caso contrario, no se podrá evitar la paralización de las obras previstas en infraestructuras que catalogaron como “vitales” para las siete islas.
Cuestionado por DIARIO DE AVISOS acerca de la denuncia pública que realizó en este periódico el presidente del PP tinerfeño, Manuel Domínguez, sobre los citados 225 millones de euros que finalmente no se habrían invertido el año pasado en las vías insulares, el vicepresidente Rodríguez replicó con nuevas críticas a los recortes efectuados por el Gobierno de España al inicio de la crisis.
“Sí el Partido Popular de verdad quiere carreteras en el Archipiélago y en Tenerife, que exija ante su partido en Madrid que firme un nuevo convenio de carreteras con Canarias, un nuevo marco plurianual imprescindible para que puedan ejecutarse las obras de las que tanto hablan”, sostuvo el político grancanario.
Domínguez cuantificó, en declaraciones a este periódico, esos 225 millones de la siguiente manera: “Por la mala gestión del Gobierno de Canarias en carreteras y la indefinición de algunas islas, como Tenerife, sobre cuáles son sus prioridades en esta materia, en 2017 no se invirtieron en las vías isleñas 133,3 millones de euros en obras incluidas en el Convenio de Carreteras. Si a estas cifras se suman los 26,7 millones de la carretera de La Aldea, en Gran Canaria, y los 4 de la carretera del Astrofísico de La Palma, entre otras inversiones, se alcanza la cifra de 181 millones en los presupuestos de 2017. A estos datos se suman los 44 millones de euros que el PP pactó con Nueva Canarias y que se incluyeron en los presupuestos del año pasado”, para un total aproximado de 225 millones de euros.
La respuesta
Por el contrario, Pablo Rodríguez no quiso entrar ayer al detalle de esas cifras y replicó a tales críticas que “el presupuesto de inversión para carreteras en Canarias en 2017 ascendía a 219 millones de euros (enmiendas incluidas). Cabe recordar que a principios de 2017 solo se contaba con 94 millones (prorrogados de 2016) y que no fue hasta pasado el ecuador del año, tras la aprobación del los Presupuestos Generales del Estado, cuando se aumentó esta partida. A pesar de estas circunstancias, el grado de ejecución ha sido elevado”. En cuanto a la otra denuncia clave de Domínguez, quien desveló que desde Tenerife no se habían elevado proyectos con vistas a 2018, lo que impedirá que la Isla se beneficie de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Madrid a invertir 138 millones que no se pagaron en 2012, el vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno regional manifestó que “se ha avanzado, y mucho, en proyectos en Tenerife que precisaban de ser redactados”, tras lo cual añadió que “este año, sin ir más lejos, se iniciará la obra de Las Chafiras-Oroteanda o se retomará la de Ofra-El Chorrillo”.
“Lo cierto es que el Gobierno del Partido Popular debe a Canarias más de 700 millones de euros -contraatacó Pablo Rodríguez-, que dejaron de transferir entre 2012 y 2016, unos impagos que han supuesto que importantes obras en las Islas, también en Tenerife, se hayan visto ralentizadas o no se hayan tan siquiera iniciado. Si hoy nos encontramos en este punto es porque el Gobierno del Partido Popular incumplió su acuerdo con Canarias, tal y como ha reconocido la reciente sentencia del Tribunal Supremo que da la razón al Archipiélago y que obliga a pagar al Estado lo que se adeuda en el año 2012 (los citados 138 millones de euros). Todavía quedan más recursos en este sentido por los que el mismo tribunal deberá pronunciarse”, apostilló Pablo Rodríguez.
Importancia
Respecto a la renovada exigencia para cerrar el nuevo convenio, Rodríguez declaró ayer, tras reunirse con la Fecai, que la firma de dicho convenio es “vital” para las obras programadas en cada una de las islas, así como resaltó la importancia de tener un marco plurianual que permita licitar obras “necesarias” y que “están afectando al día a día de los ciudadanos de Canarias”, pues los problemas de movilidad y conectividad “están relacionados en muchos casos con obras que tenían que haberse ejecutado en el pasado convenio y que por los incumplimientos del Estado no se pudieron ejecutar”.
Por su parte, Carlos Alonso sostuvo que “lo más importante es disponer de un marco plurianual de inversiones que permita avanzar no solo las obras que ya están en ejecución, sino también las nuevas”. “Necesitamos un convenio que, con independencia de que haya presupuestos o no, se necesita firmar lo antes posible, algo que es posible jurídicamente”, dijo el mandatario insular tinerfeño.
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