Lealtad, colaboración y cooperación

La Ley del Suelo canaria concreta en sus principios generales las obligaciones entre las distintas administraciones públicas, para que ejerzan su actividad con lealtad y en régimen de colaboración y cooperación. Viene a cuento leyendo estos días las declaraciones del alcalde de Santa Cruz, que nos dice que ha llevado al Cabildo de Tenerife a los tribunales porque el “fundamentalismo de los técnicos del Cabildo paraliza la inversión en Santa Cruz”. Teníamos entendido que las decisiones últimas de cualquier entidad pública residen en sus órganos políticos. Que en cualquier institución democrática gobiernan con la decisión electoral del ciudadano y el soporte de las leyes, que en el caso del suelo no son pocas en Canarias.

Por lo que se desprende del pleito trasladado ya a los tribunales, Patrimonio del Cabildo en ámbito funcionarial paraliza hoy una licencia concedida con el Plan vigente, porque alguien opina que su protección no es la correcta. En cualquier país civilizado tal controversia no es posible. Las Administraciones están obligadas a que ello no ocurra. Como decimos en el título, la lealtad obliga a ser fiel y legal en el desempeño del cargo público, colaborar obliga a trabajar juntos entre ellos y cooperar obliga a llegar al mismo fin conjuntamente. Que se nos diga que luego de 20 años de PGO no ha pasado así, es un despropósito. Mayor cuando parece que la institución Cabildo se ha abandonado a sus técnicos, o que el propio Ayuntamiento reitera los errores trasladando a la justicia actuaciones que no le son propias y cuyas disparatadas soluciones judiciales ya hemos sufrido en Santa Cruz. Convierten a la justicia en instancia urbanística ordinaria, lo que no es su papel.

La ley es muy clara, obliga a respetar competencias, hacer ponderación de lo propio, facilitar información entre administraciones, valorar el impacto de sus actuaciones. Obliga a colaborar en el diseño y ejecución de los planes, participar en los órganos de colaboración, resolver los conflictos, favorecer los acuerdos y en su caso resolver las posibles discrepancias. Que a toro pasado mantengan diferencias sobre la protección de hasta 500 edificaciones del municipio es una total irresponsabilidad. Que tampoco se aguanta invocando la legislación de Patrimonio básica y autonómica, todas ellas operativas en el desarrollo de esta aventura y en la solución del PGO vigente. Que además expulsen la resolución del conflicto a los tribunales es un descrédito de la acción política, en este caso del Cabildo, que además ha participado en todo el proceso de tramitación del PGO.

A Santa Cruz le crecen los enanos. Cuando parecía tener mejorada la hacienda local y reorientada su Gerencia de Urbanismo, vuelve a aparecer el espíritu del inmovilismo local. Trufado siempre de una aversión a la iniciativa empresarial, que la mantiene sometida a la inseguridad jurídica, con aplicaciones arbitrarias de la ley. La situación expresa el conflicto entre posiciones políticas, de quienes se oponen a la ley a través de los mecanismos discrecionales de patrimonio y/o medio ambiente, según toque, contra quienes sostienen la posición de respeto a la ley y a la unidad de mercado.

Que el Cabildo institución consienta, por inacción, las acciones ilegales de sus funcionarios no puede preocuparnos sólo por las responsabilidades patrimoniales derivadas, sino por jugar al descrédito del Plan y de las leyes. Santa Cruz, cuyo papel de “capital insular” reivindica su alcalde, es el referente de toda la Isla. También para que el Cabildo no la invada. Hemos liberalizado las leyes y estamos peor que antes.