Los estibadores han denunciado el “injustificado” retraso que acumula el real decreto que el Gobierno se comprometió a impulsar para desarrollar la reforma del sector aprobada en mayo de 2017, una demora ante la que los trabajadores están sopesando convocar nuevas movilizaciones, según informó la Coordinadora de Trabajadores del Mar (CETM), principal sindicato del gremio.
La estiba ha remitido varias cartas al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y a la titular de Empleo, Fátima Báñez, para trasladar su preocupación por la dilación de este texto legal y la “inestabilidad” que genera. La organización que dirige Antolín Goya recuerda que de la aprobación del real decreto depende la articulación de las ayudas que el Ejecutivo se comprometió a dar para las prejubilaciones de estibadores o la conversión de las actuales sociedades de gestión de estibadores (Sagep) en centros portuarios de empleo, las nuevas ETT que contempla la reforma.
Además, los estibadores y la patronal Anesco están pendientes del desarrollo de la reforma para cerrar el nuevo convenio colectivo a partir del principio de acuerdo que alcanzaron a finales de junio de 2017, el que puso fin a la conflictividad en los puertos que suscitó la reforma del sector que impulsó el Gobierno. “Esta situación de inestabilidad genera una gran, y lógica, preocupación en el sector, especialmente entre los trabajadores, que solicitan a sus representantes sindicales que adopten acciones que reivindiquen el cumplimiento de lo acordado”, aseguró Antolín Goya.
No obstante, el acuerdo que patronal y sindicatos de la estiba alcanzaron en junio de 2017 está actualmente pendiente del expediente sancionador que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió el pasado mes de noviembre al considerar que puede restringir la competencia. Motivo por el cual, probablemente, el Gobierno esté retrasando la firma del mismo. Las eventuales nuevas movilizaciones de los trabajadores encargados de la carga y descarga de buques en los puertos se producirían un año después de que en febrero de 2017 estallara el conflicto que marcó la primera mitad del pasado año, cuando el Gobierno inició la reconversión del gremio para liberalizarlo y cumplir con las directrices de Europa. En el marco de las negociaciones sobre esta reforma, el Gobierno se comprometió a canalizar en un real decreto aquellos aspectos de la misma que no se pudieron incluir en el real decreto ley por la que se aprobó. De la Serna dijo en aquel entonces que se tramitaría por la vía de urgencia, pero aún no ha sido aprobado.
