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“Me pregunto si tanta adjudicación ilegal es para enchufar gente en las empresas o para el dopaje financiero electoral”

Avisó de lo que pensaba al respecto en un pleno de 2016, y volvió a hacerlo en otro celebrado el año pasado
Santiago Pérez García, portavoz de XTF-NC en La Laguna. Fran Pallero

Avisó de lo que pensaba al respecto en un pleno de 2016, y volvió a hacerlo en otro celebrado el año pasado. Sostiene que en ninguno de los casos obtuvo respuesta. Recién jubilado de su trabajo como profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de La Laguna, la denuncia del llamado caso Reparos sobre 24 presuntas adjudicaciones ilegales del Ayuntamiento de La Laguna a otras tantas empresas, presentada la semana pasada ante los juzgados de la Ciudad de los Adelantados, demuestra que a Santiago Pérez García (La Laguna, 1954) le queda cuerda política para mucho rato.

-¿Por qué esta denuncia?

“He presentado esta denuncia en el estricto cumplimiento de un deber legal y como representante que soy de la ciudadanía de La Laguna. No hay más razones”.

-¿Por qué no nombra a los presuntos responsables de los hechos, cuando además pueden deducirse parcialmente de la documentación que adjunta a la denuncia?

“Por dos razones. Para acentuar que se trata de cumplir un deber y que no me mueve ninguna animosidad. Pero además, porque distingo perfectamente a las personas del rol que desempeñan en la vida pública, y no es la primera vez que alguien delega sus funciones en algún desprevenido que pasaba por allí y firma lo que el titular del órgano no quería firmar porque sabía de su trascendencia”.

-¿Está aludiendo al concejal de CC Antonio Pérez Godiño, que está imputado por el caso Grúas por un decreto que firmó cuando el hoy alcalde, José Alberto Díaz, estaba de vacaciones?

“Sí, también lo digo por Pérez Godiño. Además, por la información a la que hemos tenido acceso para conformar esta denuncia, en algún caso ni la Intervención Municipal sabía quién había levantado los reparos. O, lo que es lo mismo, las advertencias de ilegalidad que se habían formulado”.

-¿Por qué se limita al periodo comprendido desde marzo de 2015 a 2017?

“Porque tuve conocimiento sobre este tipo de prácticas a principios de 2016. Prácticamente, en el arranque de este mandato. Y lo tuve porque ahora tienen obligación de dar cuenta en los plenos de aquellos decretos, no de todos, sino de los que se han dictado en contra de las advertencias de ilegalidad planteadas por el interventor. En los primeros meses de ese año ya lo señalé, y así figura, en el acta de aquel pleno. Les dije que ese tipo de prácticas tenían que terminarse de forma radical. Sin embargo, a principios del año pasado, creo que en marzo o abril, volvieron al Pleno con nuevas autorizaciones ilegales de las que se iban a beneficiar las mismas empresas, y otra vez con los informes de Intervención en contra. Volví a explicar allí mismo que estábamos ante una práctica generalizada que no solo era ilegal, sino que, en mi opinión, era delictiva. Y que si eso era así, de este asunto debía darse cuenta a los tribunales. Nadie contestó. Nadie balbuceó, siquiera, una explicación. Era cuestión de tiempo. Hasta hace muy poco, mi actividad profesional era la docente, por lo que hasta ahora no había podido recopilar la documentación necesaria para presentar esta denuncia”.

-En los 24 casos que ha incluido en la denuncia, ¿es usted o la Intervención Municipal quien considera que estamos ante adjudicaciones ilegales a través de la prórroga de contratos extinguidos, o de autorizaciones para su continuidad?

“Todos, absolutamente todos los casos, los 24, toda la denuncia está sustentada, desde el primero hasta el último de sus 75 folios, en los informes de la Intervención Municipal”.

-¿Cómo valora la función de la Intervención Municipal, dado que, por lo que se ve, se ignoran sistemáticamente sus advertencias de ilegalidad?

“La función del interventor es una función necesaria, legalmente necesaria, en las entidades locales. Es una función de control interno de legalidad de todos los actos, de todos los acuerdos que vaya a aprobar el Ayuntamiento, que puedan tener consecuencias económicas, de generar obligaciones con cargo al presupuesto del Ayuntamiento. Por lo tanto, cuando formula reparos, lo que se está es advirtiendo de la ilegalidad que se pretende cometer. Porque es un control previo de legalidad, el único que hay en lo económico y presupuestario. El interventor no es cualquier funcionario, ya que desempeña una función pública de primer orden, que es ese control de legalidad. Requiere la habilitación nacional, y para eso hay que aprobar un concurso-oposición, y después superar varios cursos de formación que se desarrollan con entidad oficial por parte del Ministerio de Administraciones Públicas. Ese es el grado de especialización que tiene el interventor. Además, tiene garantizada por ley su independencia gracias al artículo 122 de la Ley de las Haciendas Locales”.

-¿Es este funcionario, tan específica y notablemente formado y con independencia garantizada, el que sostiene que esas 24 adjudicaciones municipales son ilegales?

“Por supuesto que sí. Es el interventor el que asegura que todas esas adjudicaciones son ilegales, no yo. Insisto, no soy yo, sino es el interventor”.

-¿Por qué no lo denuncia él?

“Podría hacerlo, si así estuviera recogido en la legislación, pero no se establece así. De forma que esa obligación de denunciar estos hechos nos corresponde a los cargos representativos, como lo soy yo, o este tipo de prácticas ilegales queda impune, que es en lo que han confiado, en mi opinión, los que han ideado este modus operandi, este modo de hacer las cosas”.

-¿Le parece que este caso Reparos es como el caso Grúas, pero multiplicado por 24?

“En el caso Grúas hay un asunto que ha pasado hasta ahora relativamente inadvertido. En toda esa estrategia, donde parece difícil no afirmar que no está ideada bajo la responsabilidad primordial de Fernando Clavijo, al final se terminó en una adjudicación sin concurso y sin adjudicación del Pleno. Entre tanto fuego de artificio ha quedado inadvertido, pero la adjudicación al señor José Luis Tacoronte de un servicio esencial por el que la empresa concesionaria factura 650.000 euros al Ayuntamiento, y que puede durar, con el pliego de condiciones al año, hasta 2029, estamos hablando de un importe total de 10 millones de euros. En el caso Grúas tenemos una variante de toda esta forma de actuar que, en definitiva, consiste en saltarse a la torera toda la legislación vigente en cuanto a los contratos de las administraciones públicas para adjudicar a dedo. Con todas las modalidades que uno se puede imaginar, pero que son variantes de un mismo estilo, de la misma escuela, del mismo sello de la casa: que es ejercer el poder como si fueran los dueños de la institución y de los recursos de los contribuyentes”.

-¿Por qué considera relevante que el interventor municipal puntualizara, en su declaración como testigo del caso Grúas, que fue el hoy alcalde, José Alberto Díaz, quien organizó la entrevista del interventor lagunero con los expertos externos que ayudaron a justificar el levantamiento de sus reparos?

“La precisión espontánea del interventor municipal ante el juzgado es que fue el alcalde, entonces concejal de Seguridad, quien hizo que se reuniera con los profesores universitarios, a los que el propio José Alberto Díaz había encargado un contradictamen para contrarrestar las advertencias de ilegalidad del interventor y para que pareciera legal lo que iban a hacer, porque estas son las palabras que ha utilizado Antonio Vera, el funcionario al que se le encargó gestionar el servicio de grúas durante el tiempo en que estuvo secuestrado por el Ayuntamiento. Lo dijo en el juzgado con esas misma palabras. Entonces, cuando el interventor municipal dice que fue José Alberto Díaz el que le pide que se reúna con las catedráticos, en mi opinión esta actitud del ahora alcalde tiene indudable trascendencia jurídica. Porque significa, entiendo, quebrantar la independencia de la Intervención, que está consagrada en el artículo 122 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Y también porque la reunión que promovió Díaz indica claramente que tenía plena conciencia de que el informe de la Intervención, advirtiendo de la ilegalidad del préstamo de 120.000 euros concedido a la adjudicataria, era legalmente insuperable. En mi opinión, esta precisión espontánea del interventor no tiene rango de titular periodístico, como al parecer comentó el abogado de Pérez Godiño, Esteban Sola, que también lo es de José Alberto Díaz y Fernando Clavijo, porque en realidad está defendiendo a los tres, sobre todo a los dos últimos. No, no. La precisión, insisto, del interventor convierte el comportamiento de José Alberto Díaz en un comportamiento ilícito, atentatorio contra la independencia de la Intervención. Que además demuestra la plena conciencia, no me canso de repetirlo, de que las advertencias de ilegalidad del interventor eran insuperables. Y esa consecuencia es clave desde el punto de vista penal, porque el delito de prevaricación consiste en que se adopte un acuerdo ilegal a sabiendas. A sabiendas. El intento de José Alberto Díaz de que los catedráticos convencieran al interventor para que corrigiera sus reparos de estricta ilegalidad tiene toda esta trascendencia jurídica, no periodística. Jurídica. Y de calado”.

-¿Qué persigue Santiago Pérez con una denuncia de estas características, y qué cree que se persigue con este tipo de adjudicaciones de los servicios municipales laguneros?

“Lo que yo intento es que se cumplan con las reglas de juego de la democracia, porque la sensación que tengo yo, es mi hipótesis, pasa por preguntarse precisamente eso: ¿qué se obtiene con este tipo de adjudicaciones? ¿Por qué se les hace el favor a estas empresas de adjudicarles a dedo los principales servicios públicos de La Laguna, y por un monto, ojo, de más de 18 millones de euros? ¿A cambio de que enchufen en estas empresas a todos los clientes disponibles de Coalición Canaria? Es posible, porque ya se sabe que son adictos al enchufismo. ¿A cambio de que se les financie electoralmente? Porque yo he tenido la sensación, durante la competencia electoral, de que los candidatos de Coalición Canaria compiten dopados por el exceso de financiación. Y pongo un ejemplo concreto de una campaña cuyos últimos 15 días, cada noche, tenían convocado para más de 1.000 personas, y a veces para más de 3.000, un evento gratis y al que asisten militarmente los candidatos de CC, incluso dejando de acudir a debates públicos, al mitin diario. Se queda uno con la sensación de que le están tomando el pelo, de que le están haciendo trampas, y encima lo miran a uno con carita de niños buenos, y uno está mayor para eso. En resumen, consciente como soy de que estamos ante una práctica ilegal generalizada, tengo que denunciarlo, porque me sentiría cómplice de esta situación y, por tanto, corresponsable de la misma”.

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