Cuando un político español está hablando por teléfono, es más que probable que su conversación esté siendo grabada, legal o ilegalmente. Y, después, es todavía más probable que esa conversación llegue a los medios y sea publicada y esgrimida como arma política, legal o ilegalmente, igual que le ocurre a los sumarios secretos. Porque en este país todo se compra y se vende, incluido el cariño verdadero hacia una ideología y/o un partido, y no hace falta recurrir a los rusos para abordar relatos de espías y de violaciones de los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen. Y eso que, por ejemplo, a Baltasar Garzón le costó la carrera judicial el asunto de las escuchas telefónicas ilegales. Hace poco se celebró como un gran éxito periodístico la violación sin mandato judicial del secreto de las comunicaciones privadas entre Puigdemont y Antoni Comín.
Pues bien, a pesar de todo eso, muchos políticos españoles siguen dando trabajo a los grabadores de conversaciones telefónicas, además de corroborar aquello de Winston Churchill de que en el Parlamento sus adversarios se sentaban enfrente y sus enemigos al lado. Y en ese doble empeño los populares parece que son maestros. El penúltimo ejemplo lo ha protagonizado Ignacio González, antiguo presidente de la Comunidad de Madrid y hoy juzgado por corrupción, que, en un diálogo telefónico grabado por la Guardia Civil el pasado 19 de enero y hecho público ahora, entre otras graves críticas a Esperanza Aguirre y Rita Barberá, le comentaba a Eduardo Zaplana, ministro de Trabajo durante la época de Aznar: “Rajoy quiere superar a Franco en la Presidencia del Gobierno”.
La ingente acumulación de procesos que afectan a antiguos dirigentes de primer nivel del Partido Popular debería hacer reflexionar muy seriamente a sus actuales responsables. No van descaminados los jueces que denuncian una corrupción estructural en este partido; una corrupción estructural que le ha costado millones de votos y que amenaza muy seriamente su futuro político. El Partido Popular necesita una urgente renovación en profundidad cercana a la refundación -una más-. Y, en ese sentido, las manifiestas intenciones de Mariano Rajoy de perpetuarse en el cargo -afirma encontrarse en el mejor momento de su vida- no ayudan sino todo lo contrario. Sin ir más lejos, ahí está ese “M. Rajoy” en los papeles de Bárcenas.
Tampoco va descaminado Ignacio González en su comentario sobre el presidente, que se sucede a sí mismo en la oposición y en el Gobierno elección tras elección y Congreso tras Congreso. Con su actitud le ocasiona un grave perjuicio a su partido y cierra el paso a un excelente sucesor como sería Núñez Feijóo, el presidente gallego, libre de contaminación corrupta, muy buen político y gestor acreditado. Y si la sombra cada vez más alargada de Ciudadanos y el retroceso en las urnas no persuaden a Rajoy, los resultados electorales catalanes y el avance socialista en Cataluña y en toda España puede ser que finalmente le impidan emular a Franco en la liguilla de permanencia en la primera división del poder.