¿Por qué la mayoría de los partidos políticos canarios y los colectivos sensibilizados con una reforma electoral canaria están de acuerdo en romper la triple paridad existente entre las provincias insulares, las islas capitalinas y no capitalinas y Tenerife y Gran Canaria, debido al aumento de habitantes en Fuerteventura con respecto a La Palma, que hoy cuenta con ocho diputados por su circunscripción frente a los siete de la isla majorera, y nadie habla del aumento de los habitantes de Tenerife con respecto a Gran Canaria?
Confrontando los últimos datos (1 de enero de 2017) que figuran en el Istac, el Instituto de Estadística de Canarias, mientras Fuerteventura aventaja a La Palma en 28.949 habitantes, Tenerife lo hace con relación a Gran Canaria en 51.478.
¿Cuál es la razón entonces para que todo el mundo interesado en reformar el sistema vigente calle este desfase entre las islas capitalinas y nadie ponga sobre la mesa el lógico otorgamiento de más diputados a Tenerife por el crecimiento de su población?
Si se trata de romper paridades, el solo aumento de un diputado más a Fuerteventura afectaría a la paridad provincial, pues la provincia de Las Palmas se quedaría con treinta y un diputados y la de Santa Cruz de Tenerife con treinta. Si procedemos con Tenerife por igual razón poblacional y aumentáramos uno o dos diputados a la isla del Teide, la que quedaría rota sería la paridad entre las islas con capitalidad autonómica.
Como dijo el catedrático de Filosofía Política de la Universidad del País Vasco, Daniel Innerarity, “los números desempeñan una función importantísima en la sociedad contemporánea… La medición de los social permite traducir un mundo complejo en el lenguaje estandarizado de los números, que domina un orden claro y en principio poco discutible”.
El poder orgánico de los partidos que hoy disponen de influencia institucional en Canarias está centralizado en la isla de Gran Canaria, donde además existe un potente poder mediático y empresarial que crea opinión pública muy arrolladora, no podemos dudarlo ni dejar de respetar esa complicidad. Desde ese lado del Archipiélago se insiste sin cesar en denunciar un modelo electoral donde el territorio priva sobre la población, y, en ese sentido, no dejan de tener su parte de razón, pero uno, que ya es veterano en lides políticas, observa con extrañeza que cuando se habla de la magnitud poblacional nadie, desde esos poderes orgánicos políticos, mediáticos o empresariales, mencione la mayor población tinerfeña con respecto a la grancanaria.
En debates tan enrevesados como el de la reforma del actual modelo electoral canario a veces es conveniente confiar en el esquema frío de los números para entender con su ayuda un asunto tan complejo como dar pasos hacia otro sistema electoral alternativo.
Confieso que esta perspectiva de análisis que hoy practico no pretende abrir nuevos pleitos insulares, sino escenificar mi perplejidad a la hora de seguir una discusión que empieza a cansarme.
En lo que nadie parece discrepar es en que lo injusto del actual sistema electoral son los topes del 30 % insular y el 6 % regional necesarios para obtener representación parlamentaria. Los que inventaron esos guarismos de descarte, don José Miguel Bravo de Laguna y don José Carlos Mauricio, si mi información no falla, sí se cargaron buena parte de la democracia electoral de los últimos veintidós años.
*PRESIDENTE DEL PNC Y DIPUTADO REGIONAL
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