Su batalla más inmediata es la que ha iniciado en las Islas con cinco procesos en otros tantos Ayuntamientos por el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, entre ellos el de Santa Cruz de Tenerife, contra el que ha presentado un contencioso administrativo para que de cuenta ante el juez de los pasos dados para cumplir con la ley. Pero también tiene pendiente la resolución del procedimiento abierto en Melilla, “territorio en el que queda la única estatua de Franco en suelo público”, también tiene pendiente la revisión de unos 100 municipios en España en cuanto al nombre de sus calle o incluso del propio pueblo como Llanos del Caudillo. “En el Valle de los Caídos estamos pendientes de resolver las 12 denuncias que se han presentado contra el prior por negarse a cumplir una resolución judicial firme”. Esta es la agenda judicial del abogado Eduardo Ranz, quien lleva siete años en su particular batalla por hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica, en vigor desde hace diez años y que, como el letrado constata, parece que para algunas administraciones no existe.
“Incluso el Gobierno central la dejó sin financiación, derogando de facto su aplicación”, recuerda Ranz en una conversación con DIARIO DE AVISOS. Ranz añade que el rechazo del Gobierno central a la ley le ha llevado incluso a cerrar la oficina de víctimas “el lugar al que podían dirigirse las víctimas, yo mismo como abogado no he sabido a qué ventanilla presentar mis demandas, mis denuncias, mis recursos, no digamos ya una persona que desconozca el derecho. Desde el Gobierno Central cualquier iniciativa parlamentaria que ha entrado, con la mayoría abrumadora que han tenido, la han rechazado”.
En su particular batalla, Ranz ha fijado su mirada en las Islas, donde no deja de llamarle la atención las distintas formas de actuar de las administraciones. “En el territorio insular resulta contradictorio que hace poco, en el Cabildo se tomara una serie de decisiones de retirada de símbolos franquistas (el monumento a Franco en Las Raíces), y que en este Ayuntamiento no ocurra lo mismo”, en referencia al de Santa Cruz y la permanencia en el espacio público del monumento diseñado por Juan de Ávalos. “Es más -continúa- me he encontrado con una situación que no conocía en cuanto a la falta de sensibilidad y es la de los niños robados”. Detalla el abogado que, “estamos hablando de que en el caso de Canarias, hay bebés robados datados incluso en 1999, es decir hace nada, investigaciones que se han efectuado de forma privada sin que el Gobierno o el Cabildo hayan priorizado este tema como una necesidad pública”.
Sobre si conoce algún ejemplo en positivo, Ranz, señala que, “no conozco lugares a destacar pero estoy seguro de que la mayoría de alcaldes hacen una labor democrática y cumplen con la ley porque si no estaríamos hablando de dictadores”.
Precisamente, su lucha contra uno de los símbolos por excelencia de la dictadura franquista, el Valle de los Caídos, ha llevado a Eduardo Ranz a las portadas de toda España al ganar la primera sentencia que obliga a la exhumación de los restos de dos de las personas allí enterradas. La negativa del prior de este espacio a cumplir la sentencia lo ha obligado a volver a los tribunales. “El prior ha considerado que el Estado de Derecho no va con él y se ha dado el lujo de incumplir una sentencia judicial firme y unas resoluciones de Patrimonio Nacional y del ministerio de la Presidencia que anunciaban el arranque de los trabajos científicos”. “Hay 12 denuncias contra él de distintas familias, dos de ellas por cierto del bando nacional, y en ellas pedimos que sea condenado a trabajos de exhumación a estar presente en la entrega de restos y a pedir disculpas a las víctimas del franquismo”.
Tanto Ranz como el prior del Valle de los Caídos están citados el 12 de marzo en el Senado para explicar la situación actual. “ Dada la actitud mostrada por el prior mucho me temo que tendrá que venir un Papa y pedir disculpas algún día por los abusos que se están cometiendo en el Valle de los Caídos”.
Cuando se le pregunta al abogado si es optimista de cara al futuro en lo que al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica por parte de las administraciones, Ranz es claro. “Llevo con esto casi siete años. Al principio lo que destacaba era que no me hubieran archivado el procedimiento, era un éxito que se admitiera a trámite, que declarasen las familias, no digamos ya cuando conseguí la primera sentencia firme en marzo de 2016. Lo que quiero decir es que el 98% de las noticias judiciales en Memoria Histórica son en negativo y ahora lo que hemos conseguido es que ese 2% restante lo mueva todo”.
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