Hace algunas semanas un grupo de profesores fuimos invitados a una reunión en el Parlamento de Canarias con diputados representantes de los partidos que proponen la reforma del sistema electoral canario. Algunos de nosotros ya habíamos comparecido en la correspondiente Comisión en calidad de expertos -en mi caso, presunto-. Y también en mi caso, además, hace más años de los que quisiera ya había evacuado otros informes a la Cámara y al Gobierno canario; de hecho, mi primer artículo sobre el asunto es de los años ochenta del siglo pasado. Porque ya desde antes de la entrada en vigor del Estatuto, en agosto de 1982, el sistema electoral ha sido un Guadiana problemático que se ha ocultado y ha reaparecido periódicamente en la política y en la sociedad canarias.
Las cuestiones problemáticas de nuestro sistema electoral se agrupan en tres apartados. En primer lugar, la cuantía de las barreras de exclusión (que los políticos y los periodistas llaman absurdamente “topes”, que es todo lo contrario). En la reforma de 1996 se aumentaron salvajemente, en una operación cuyas causas tenían nombres y apellidos. Ahora parece existir un consenso generalizado en rebajarlas, con lo que hoy por hoy es el único contenido seguro de la reforma. El segundo apartado se refiere al número de diputados de las islas no capitalinas, producto de criterios territoriales y no poblacionales (la famosa triple paridad, que en realidad es cuádruple).
Ese número origina una sobrerrepresentación de las islas no capitalinas, cuya población, el 14% de los canarios, elige a la mitad del Parlamento, con un valor del voto que llega a ser 18 veces superior. Se trata de una cuestión muy sensible porque en esas islas se asocia su número de diputados a las políticas públicas que se les aplican. La propuesta de reforma deja las cosas como están, salvo el aumento de un diputado en Fuerteventura por el incremento de su población (con el consiguiente agravio de La Palma). El tercer problema -y más importante- lo constituye la ausencia de una circunscripción regional, con lo que las campañas electorales son exclusivamente insulares (las candidaturas pueden practicar el séptuple lenguaje) y el presidente del Gobierno no es votado por todos los canarios. Estos efectos negativos no se corrigen con los nueve diputados elegidos por un colegio de restos que proponen los partidos de la reforma (que tan solo aumentan ligeramente la proporcionalidad del sistema). Y ese es el motivo de que no compartamos la opinión favorable del resto de los profesores ni de Demócratas para el Cambio, con los que colaboramos muy gustosamente, que consideran ese colegio de restos un paso en la buena dirección. Para nosotros, se trata simplemente de ganar lo que se pierde por la rebaja de las barreras. La broma de que no supone más gasto, ni la comento.
La célebre frase “el doctor Livingstone, supongo”, con la que Stanley se dirigió a Livingstone cuando lo encontró después de diez terribles meses de viaje en su búsqueda, se considera un paradigma de la flema británica. Y lo que los isleños le hemos aguantado a nuestros partidos a cuenta del sistema electoral no deja de ser un paradigma de la flema canaria.